El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, decidió este jueves la destitución e inhabilitación del magistrado, suspendido en sus funciones desde 2018.
Carzoglio fue suspendido en 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención –ejercido por agentes de inteligencia enviados por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano-, contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente.
Tras la declaración de 85 testigos -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán-, el jurado definió la destitución e inhabilitación del magistrado.
Tras rechazar las presiones de los agentes de inteligencia, Carzoglio fue denunciado por el Procurador bonaerense, el ultramacrista Julio Conte Grand.
Carzoglio había anticipado que suceda lo que suceda, a él lo seguirán “viendo caminar las calles de Avellaneda, siempre en contacto con la realidad, como vecino, juez, abogado, padre y abuelo de familia, o en el lugar que Dios me tenga reservado para seguir cumpliendo con mi misión”.
El magistrado denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras rechazar el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, le pidieron la detención de los sindicalistas e, incluso, le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar.
Tras esa negativa, Carzoglio fue denunciado por el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha, y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.
También, por “formular expresiones indecorosas y agresivas” contra una agente fiscal, por “maltrato” al personal de su juzgado, y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.
Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días, y luego se resolvió directamente suspenderlo hasta la definición.
El jurado estuvo presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan, e integrado por los legisladores provinciales de Juntos, Ismael Passaglia y Erica Revilla; del Frente de Todos (FdT) Débora Galán y Maite Alvado, y de Espacio Abierto, Walter Carusso, y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.