Tal como era de imaginarse, la Justicia prorrogó por otros seis meses la medida cautelar en favor de Telecom Argentina contra el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández en 2020, y que había declarado a la telefonía celular, Internet y la televisión por cable como “servicios públicos”.
El decreto establecía que los precios debían estar fijados y autorizados por el Estado, pero la cautelar lo frenó. “Gracias a este amparo judicial, la empresa podrá seguir teniendo libertad para definir los valores que cobra por esas prestaciones”, afirmó en un comunicado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
“Es la cuarta prórroga, es decir, que vamos a llevar dos años y seis meses de vigencia de la cautelar cuando lleguemos al mes de octubre y que seguramente la justicia les dará otra”, destacó Gustavo López, vicepresidente del organismo al referirse al nuevo beneficio que obtiene Héctor Magnetto, ya que Telecom forma parte del holding del Grupo Clarín.
En esa línea, el funcionario agregó: “Esto es lo que nosotros venimos denunciando, un Poder Judicial al servicio exclusivamente de los grandes intereses económicos y que no mira a los millones de usuarios que utilizan internet y telefonía todos los días para trabajar, para estudiar y para hacer las cosas más elementales que tiene que hacer.”
En agosto de 2020, en plena pandemia, el presidente firmó el decreto de necesidad y urgencia 690 que declaraba a Internet, telefonía móvil y TV por cable como “servicios públicos”, y eso implicó que sus precios pasarían a estar regulados.