El exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Daniel Marchi, declaró ayer como testigo en la causa en la que se investiga el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) y apuntó contra los jueces del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti como responsables de las supuestas “irregularidades” en la administración de esa entidad. Por otra parte, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió pedir a la justicia la comparecencia “por la fuerza pública” del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), Aldo Tonón, en tanto recibió nuevos testimonios que detallaron las irregularidades y la informalidad en el manejo de esa dependencia.
El contador Hector Marchi, bajo juramento de decir la verdad, afirmó ante el juez que distintos empleados de la Corte Suprema fueron amenazados con ser desplazados de sus cargos si colaboran con el proceso de juicio político que se le sigue a los miembros de ese tribunal en el Congreso de la Nación.
El funcionario del máximo tribunal del país, trasladado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, vinculó su desplazamiento a los “informes (que produjo) sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial”, informaron fuentes judiciales al tanto de la declaración.
“Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones (de pesos) en reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”, manifestó Marchi.
“El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, enfatizó, según precisaron las fuentes.
Marchi declaró como testigo ante el juzgado federal 12, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo, en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la OSPJN desde el 2021 en adelante bajo la gestión de Mariano Althabe, aunque también refirió a supuestos desmanejos ocurridos en la gestión anterior, hechos que tramitan en otro expediente.
El exadministrador de la Corte sostuvo el juez Maqueda estuvo a cargo de la OSPJN hasta el 2021, cuando mandó un mail a sus colegas para correrse de ese lugar, y que luego lo sucedió en Rosatti en esa función, según trascendió de la declaración.
En ese sentido, Marchi señaló que Althabe fue nombrado a propuesta del presidente del máximo tribunal, Rosatti, y que antes, hasta el 2021, la OSPJN estaba encabezada por Aldo Tonón, propuesto por el magistrado Maqueda.
Para reforzar su explicación sobre el control que llegó a tener Maqueda sobre la Obra Social de los judiciales, el testigo afirmó que en 2013 propuso a su secretaria, a quien identificó como Marta Herrera, para integrar el directorio y que luego habría sido nombrada vicepresidenta de esa entidad.
Durante su declaración testimonial, Marchi señaló también que “la acordada 19/2021 dispuso que la Administración debía presentar informes mensuales al Tribunal” sobre la obra social, pero luego acotó que su primer informe “no gustó” y que “por eso Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral”, algo que referenció en la acordada 1/2022.
“Luego se ocultaron mis informes y finalmente me sancionaron. Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la Obra Social, no me habría criticado a mi mismo”, aseveró Marchi, según pudo reconstruir esta agencia de fuentes allegadas al caso.
Durante su declaración, Marchi se refirió además al contenido de los informes que produjo sobre la Obra Social del Poder Judicial y resumió cuales fueron las supuestas irregularidades detectadas.
La principal conclusión que expuso fue que la OSPJN no tiene contabilidad, presupuesto, manuales de procedimiento, expedientes ni dictámenes. Además refirió que existen diferencias de inventarios en los medicamentos de farmacia y que los medicamentos y prótesis se adquieren en forma directa, entre otras presuntas irregularidades.
Marchi fue convocado por Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo para “ofrecer prueba” en el expediente “respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación”, tras declarar ante el Congreso de la Nación.
Comisión de Juicio Político. Paralelamente la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió ayer pedir a la justicia la comparecencia “por la fuerza pública” del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), Aldo Tonón, en tanto recibió nuevos testimonios que detallaron las irregularidades y la informalidad en el manejo de esa dependencia.
Al abrir una nueva audiencia por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, la comisión también aprobó un pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media SRL, una firma creada por Silvio Robles, asesor y mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y que ahora está en manos de su hermano, como parte de las pruebas que está solicitando el organismo parlamentario que estudia la conducta de los miembros del máximo tribunal.
La decimosegunda reunión de la comisión, que preside Carolina Gaillard (FdT), se extendió por cuatro horas y recogió tres de los cinco testimonios previstos originalmente.
El director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi, confirmó que existió un mail del supremo Juan Carlos Maqueda en el que informaba a sus pares y a otros funcionarios que se retiraba de la administración de la Obra Social, lo que apuntaló la hipótesis del FdT de que el cordobés era el responsable directo de esa dependencia.
El funcionario precisó que ingresó al área informática de la Corte en 2016 y agregó que desde la comisión especial creada en 2021 para monitorear el sistema de la Obra Social “no se hizo una investigación del software existente” y que “lo que se planteó desde un momento inicial fue informatizar, porque lo que existía era un software antiguo o que por lo menos no cubría las necesidades”.
“No sé en qué tecnología estaba hecho, lo que sí me informaron es que era anterior a Windows; nosotros dejamos a disposición de la obra social un proyecto para llamado a licitación, pero después de eso desconozco cómo continuó”, le respondió a la oficialista Mara Brawer.
Sacchi también respondió que “una gotera afectó la computadora de Robles durante la feria judicial de enero último” y que “la llevamos a sistemas para hacer un estudio de la misma y comprobamos que partes vitales de la computadora, como el disco rígido, no fueron afectados”.
La computadora de Robles se había vista afectada días después de que trascendieran sus supuestos chats con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en relación a algunas decisiones judiciales.
Posteriormente, María Betina Bonuccelli, subsecretaria administrativa de la vocalía de Maqueda, detalló su trabajo ante la consulta de la oficialista Vanesa Siley: “La mayor parte se lo dedicamos al movimiento de expedientes judiciales y administrativos. En lo que va del año se recibieron 3.500 causas judiciales y se les dio salida a 2.500”.
Consultada sobre si tenían injerencia en lo referido a la obra social, remarcó: “Sí recibíamos algún llamado o recibíamos a algún afiliado con algún problema o alguna queja. Detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica, nadie venía porque tenía un resfriado. Todos quedábamos movilizados ante esas situaciones, era difícil”.
“Yo llamaba a la dirección de Tonón y ellos resolvían los problemas, yo les pedía que se comuniquen con el afiliado para que sepan en qué situación estaban sus trámites”, precisó.
Por último, apuntó: “Desde el 2019 para la fecha, toda la pandemia, Tonón no vino a la oficina, y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año, eso de todas las semanas no es así”.
En el último testimonio de la jornada, Valeria Díaz, afiliada a la obra social, expuso su caso: “Yo tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la Obra Social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”.
“El doctor Tonón me dijo si estaba segura de lo que iba a hacer porque era totalmente antinatural, y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos; obviamente me dejó pensando en si estaba bien o mal lo que hacía”, completó.
El secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, y el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social, argumentaron sus ausencias en motivos personales y pidieron reprogramar las citas.
Si bien para la reunión de este miércoles había sido citado para completar su testimonio de la semana pasada Héctor Marchi, el desplazado administrador del máximo tribunal, esta convocatoria será reprogramada para la semana próxima dado que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.
Nuevamente, como sucedió en la última reunión, se ausentó Tonón, por lo que al iniciarse la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que sea obligado a comparecer “por la fuerza pública”.
El exfuncionario no concurrió en tres oportunidades con el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.
En relación al pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media SRL, fue aprobada con el voto favorable del Frente de Todos y el rechazo de Juntos por el Cambio, que cuestionó la potestad de la comisión para pedir el levantamiento del secreto fiscal a la AFIP y reclamó que esa medida se canalice a través de un juez.
El pedido de una ampliación de pruebas fue solicitado por el diputado del FdT Rodolfo Tailhade, quien además pidió la citación de la jueza Martina Isabel Forns y de María José Castillo, abogada de la agrupación HIJOS de Jujuy.
La de este miércoles fue la duodécima reunión de la comisión de Juicio Político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.