En el marco de la investigación por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, la jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido de secuestro del teléfono del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.
La medida había sido solicitada por el fiscal del caso, Carlos Rívolo, quien lleva adelante la investigación desde que la propia magistrada así lo dispusiera.
De esta manera, Capuchetti rechazó el pedido que del fiscal después de la última declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, una ex secretaria del legislador, quien relató que el 10 de noviembre del año pasado, su ex compañera Carolina Gómez Mónaco la llevó a una oficina de Patricia Bullrich a borrar el contenido de su celular con la excusa de evitar que se filtrara a los medios información privada e íntima. Allí las esperaban un perito y el propio Milman, cuyo teléfono también fue “manipulado”, según contó el viernes 5 de mayo.
El fiscal había pedido el o los celulares de Milman ante la sospecha de que hubiera convocado a sus colaboradoras “para borrar o intentar borrar información que podría ser de interés” para la investigación del atentado contra la vicepresidenta, en función del relato de Bohdziewicz. Ella había pedido declarar ya a comienzos de mes, pero como Rívolo se iba de vacaciones la convocó para su vuelta. Pero ella se adelantó y fue directo a Comodoro Py porque dijo que se sentía presionada por el tenor de mensajes que empezó a recibir de Gómez Mónaco, quien se enteró de que ella pedía testificar otra vez.
El argumento de la magistrada para rechazar el pedido de Rívolo es que, para secuestrar el celular a Milman o tomar medidas respecto de sus comunicaciones, habría que iniciar un trámite de desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados “por la posible comisión de un ilícito penal”. Lo que sucede, acotó, es que el diputado no está imputado en la causa.
“Por todo lo expuesto, no ha lugar a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional Gerardo Milman”, sostuvo Capuchetti en la resolución a la que accedió Infobae, luego de de enumerar que “los datos objetivos incorporados con la nueva declaración de la testigo solo ahondan en sus inconsistencias relativas a los detalles del borrado del teléfono, circunstancia ya conocida en autos y valorada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) oportunamente, sin que se brinden nuevos datos relativos a los hechos aquí investigados”.
Según la jueza, “el cuadro probatorio con el que se cuenta no permite superar los tamices de necesidad, adecuación y proporcionalidad demarcados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que operan como principios rectores para decidir sobre la procedencia de una injerencia del tenor de las solicitadas”.
Pero, además, la magistrada reseñó que para hacer lugar al secuestro del teléfono de un diputado o “toda otra diligencia relativa a sus ‘comunicaciones’, como ser obtener el registro de llamadas entrantes y salientes, deberá efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”.
“Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal, que en su última intervención razonó: ‘hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado’”, agregó.