En medio de la brutal represión en Jujuy, Gerardo Morales da marcha atrás con dos artículos de la nueva Constitución

Después de dos semanas que no hacen más que reflejar la conmoción que se vive en Jujuy por la brutal represión que apunta a criminalizar la protesta social, el gobernador Gerardo Morales se vio obligado a dar marcha atrás y retrotraer dos artículos de la flamante Constitución provincial vinculados a las tierras de los pueblos originarios.

Ya transcurrieron tres días de cortes de rutas protagonizados por las comunidades indígenas, con represión policial incluida, y la jugada del mandatario en realidad no convenció a los núcleos indígenas, quienes igual continuarán con sus reclamos, lo cual pone en duda el resultado final y la utilidad de esta maniobra que, al mismo tiempo, golpea las aspiraciones presidenciales de Morales.

Justamente, el gobernador jujeño ya tenía todo organizado para que hoy se jurara la nueva Carta magna provincial, pero evidentemente no había calculado la repercusión nacional que alcanzaría la salvaje represión que su policía desató el fin de semana en la ruta 9, cuando distintos sectores de pueblos originarios le pusieron el cuerpo a la discusión y terminaron siendo víctimas de una violenta respuesta, que dejó decenas de detenidos y heridos de gravedad (un joven de 17 años perdió un ojo por culpa de dos disparos).

Como si fuera poco, los constituyentes radicales Alejandro Nieva y Gabriela Burgos hablaron de “turismo piquetero”, y hasta incurrieron en fallidos tales como “somos la única provincia del país que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, (aunque) no tanto los derechos sobre sus tierras comunitarias…”.

Durante una conferencia de prensa en la que no disimuló su malestar, Morales defendió la modificación de la Constitución, que él impulsó, pero reconoció que todavía existen dudas en los pueblos originarios sobre el alcance del nuevo texto en los puntos referidos a la posesión de las tierras en donde existan recursos naturales preciados, como el litio.

Por eso, aceptó retirar de la reforma dos artículos que avanzan en esa temática, el 50 y el 36, y propuso la rediscusión de los mismos en consultas de las que podrán participar todos los comuneros.

Quizás como estrategia para bajar la tensión, intentó mostrar comprensión ante los pueblos originarios de Jujuy, principales actores de los picos más calientes de las protestas. Para ello debió pagar un costo indiscutible: lo que hasta ayer se vendía como una reforma consensuada con “todas las comunidades originarias”, en la conferencia terminó reconociéndose que la misma solo había sido aprobada por 157 de las 300 de toda la provincia.

“Cuando cortan una ruta ya comenten un delito, es otro tema”, sostuvo el mandatario. Y profundizó la línea que su gobierno había instalado el sábado, al señalar que detrás de las protestan están “el Frente de Todos, la Cámpora” y hasta “Milagros Sala con plata que le da el gobierno nacional”.

Y arremetió, en tono desafiante: “Vayan a hacer un corte en Washington o en Ginebra”, quiso ejemplificar. “¡No se puede! Tenés que avisar 48 horas antes, y uno no puede marchar en las calles, solo en la vereda. Y ojo con hacer ruido, porque le molesta a la señora del quinto piso que tiene un perrito”, intentó argumentar. También señaló que “los que participaron en las manifestaciones se van a comer (SIC) una multa de un millón y medio de pesos”.