La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo rechazaron este viernes ordenar nuevas medidas de prueba en relación a la llamada “pista Milman” en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre pasado, al no hacer lugar a un planteo de la querella.
La magistrada consideró “irrazonable” dictar una medida de prueba cuando el fiscal que tiene delegada la investigación, Rívolo, “ha manifestado expresamente que el grado de convicción que asigna a las pruebas que componen la línea investigativa, no superan siquiera el examen para realizar las medidas que le fueron propuestas”, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
La querella de la Vicepresidenta -representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal- reclamó avanzar en la investigación de la pista que vincula al diputado nacional Gerardo Milman, con un conjunto de medidas vinculadas al lugar donde, según declaró una ex asesora, se reunieron junto con él y un perito para borrar información de sus teléfonos celulares.
Los investigadores rechazaron “de momento” disponer esas medidas a la espera que otras que están en curso y de una decisión de la Cámara Federal porteña vinculada a un planteo para secuestrar el celular de Milman.
Rívolo sí pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que le envíe información sobre uno de los acusados en la causa por hackeo de celulares a jueces y funcionarios, Ariel Zanchetta.
Zanchetta “habría realizado consultas sobre diversas personas en la base de datos llamada “SudamericanaData”, entre las cuales se hallarían: Fernando André Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte, Cristina Fernández de Kirchner y Diego Martín Carbone (custodio de la Vicepresidenta) ; pudiendo resultar de interés para la pesquisa”.
Por eso solicitó el envío a su fiscalía de un “listado con la totalidad de las búsquedas que haya realizado dicho individuo en las bases de datos que haya utilizado al respecto -con indicación de fechas y horarios”.
Además, ordenó realizar una pericia caligráfica para determinar si un escrito identificado como “La Regla de Tueller (pistola vs navaja)” secuestrado en la causa corresponde con la escritura de alguno de los tres detenidos por el intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte o Gabriel Carrizo.
Los tres están detenidos con prisión preventiva y ya fueron enviados a juicio oral por el intento de asesinato de la Vicepresidenta.
En un escrito presentado este jueves, los abogados de la Vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal reclamaron urgentes medidas de prueba en torno a la declaración de la ex asesora de Milman, Ivana Bohdziewicz, quien reveló la existencia de la reunión para borrar información de los celulares.
Rívolo dictamino que “de momento no corresponde hacer lugar a las diligencias pedidas por las querellas” y remitió a Capuchetti la causa para que resuelva sobre una de ellas, un allanamiento, por resultar de su competencia, y la magistrada también se negó a disponerlo.
Los abogados de la querella reclamaron a la fiscalía que ” honre su compromiso (que, mejor dicho, es un deber legal) de seguir investigando el tramo de la causa que continúa en la instrucción”, luego del envío parcial del caso a juicio.
“La tramitación del recurso relativo al secuestro del celular de Gerardo Milman no constituye razón alguna para paralizar la investigación de la línea vinculada con el diputado nacional”, advirtieron.
A raíz de ello insistieron con reclamar “de manera urgente” nuevas medidas de prueba porque lo declarado por Bohdziewicz “debe ser investigado en cada detalle”.
La querella reclamó identificar si existe un local de cafetería en las inmediaciones del lugar donde según declaró Bohdziewicz fue convocada por Gómez Mónaco “antes de llevarla a Avenida de Mayo para borrar los celulares”.
Por eso pidió librar oficios a la cafetería mencionada y al gobierno de CABA “con el fin que informen si existen cámaras de seguridad tanto en el lugar con en las inmediaciones” y, en caso de respuesta afirmativa, remitir copias de filmaciones desde el 1 al 30 de noviembre de 2022.
También reclamaron medidas de prueba sobre el edificio de avenida de Mayo 953 en cuyo tercer piso “Milman, Gómez Mónaco y Bohdziewicz habrían destruido o alterado pruebas vinculadas con esta investigación, y un perito habría colaborado con esta tarea”.
Además pidieron que se busque información sobre un abogado, identificado como Diego, quien “habría brindado su consejo respecto de cómo eludir la investigación”.
“En este sentido, debe oficiarse al gobierno de la CABA con el fin de que informe acerca de la existencia de cámaras de seguridad en la zona del edificio de Avenida de Mayo 953 y de que envíe copias de filmaciones que abarquen el plazo comprendido entre los días 1 y 30 de noviembre de 2022”, pidieron, entre otras medidas a las que no se hizo lugar.
“Es de público conocimiento que allí funciona el Instituto de Estudios Estratégicos, que dirige Patricia Bullrich y del que también es parte Gerardo Milman (tal como surge de la página de internet de este organismo: https://ieesinstituto.org/). Que la sede es Avenida de Mayo 953 surge del propio Twitter del IEES (https://twitter.com/IEES_AR), así como de diversas notas periodísticas que se encuentran con una simple búsqueda en internet”, remarcaron.
Al responder al pedido de pruebas, la fiscalía sostuvo que “al menos hasta el momento no existe, de los elementos recabados, indicio alguno de que los teléfonos celulares que utilizaran tanto
Ivana Bohdziewicz como Carolina Gómez Mónaco registraren elementos de interés vinculados con el planeamiento y/o la ejecución del intento de homicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022″.
“Este extremo de comprobación se ve reforzado por las conclusiones de los informes elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales del MPF (Datip) relativos al análisis de la información contenida en los dispositivos aportados por las nombradas”.
Por ello consideró que ” por el momento, no corresponde hacer lugar a las diligencias solicitadas por la querella”.
El fiscal manifestó que “sin perjuicio de esto, encontrándose en este legajo medidas en curso concernientes a la posible participación de terceras personas en el hecho por el que Fernando André Sabag Montiel, Brenda E. Uliarte y Gabriel N. Carrizo se encuentran en la etapa de juicio oral, entiendo que se debe estar a la espera del resultado del análisis que se efectúe con respecto al teléfono celular incautado en poder de Carolina Gómez Mónaco”.
También “del secuestro y posterior análisis del dispositivo telefónico utilizado por el Diputado Nacional Gerardo Milman solicitado por esta Fiscalía, diligencias que aún no fueron llevadas a cabo toda vez que se encuentra pendiente de resolución, por parte de la Excma. Cámara del Fuero, el recurso de apelación interpuesto por esta parte contra el resolutorio en el que el Tribunal actuante dispuso no hacer lugar a la incautación del artefacto del nombrado”.
“El resultado que arrojen estas medidas permitiría, eventualmente, un nuevo análisis sobre la pertinencia de las diligencias requeridas por la querella”, concluyó la fiscalía.
Milman es investigado a raíz de que un testigo declaró haberlo escuchado decir en el bar Casablanca, cercano al Congreso, días antes del intento de asesinato, la frase “cuando la maten voy a estar en la Costa”
Según se comprobó en la causa el día en que habría dicho esa frase estuvo en esa confitería con sus por entonces asesoras Gómez Mónaco y Bohdziewicz.
Con información de Telam