Hoy se pone en marcha el segundo juicio oral contra Marcelo D’Alessio. El falso abogado, detenido por presunta extorsión y lavado de dinero, será juzgado junto a otros imputados a partir de este martes en los tribunales federales de Retiro. La hipótesis es que el hombre era miembro de una banda que se dedicaba a recabar información de manera ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.
El 28 de enero de 2019 el empresario Pedro Etchebest denunció que D’Alessio lo había extorsionado en nombre del fiscal Carlos Stornelli para evitar incluirlo en la causa de los “Cuadernos”. Le pedía 300.000 dólares para eso. Fue ahí que el juez federal Alejo Ramos Padilla, que estaba a cargo del juzgado de Dolores, inició una investigación que dejó al descubierto lo que describió como una “organización criminal paraestatal” donde convergían operaciones de espionaje, extorsivas y de armado de causas.
A partir del juicio oral donde que arranca hoy, no sólo estará D’Alessio sino los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk (también ex agente de inteligencia) y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex espía Rolando Barreiro y Mariano Rubén Díaz, quien hacía de “custodio” de la banda, entre otros.
El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) estará a cargo del proceso donde se juzgan los delitos de asociación ilícita, extorsión, coacción y lavado de dinero respecto de diez casos. El gran ausente será el fiscal Stornelli, quien fue beneficiado con falta de mérito cuando la causa pasó (como todas las que aluden a espionaje durante el macrismo) a Comodoro Py. Lo mismo ocurrió con el operador periodístico del Grupo Clarín, Daniel Santoro, quien armaba notas en base a revelaciones de su amigo D’Alessio, quien era figurita repetida en el programa “Animales Sueltos”.
Las audiencias del juicio por el llamado “D’AlessioGate” serán, en un comienzo una vez por semana en la sala AMIA de los tribunales de Retiro. Los imputados son nueve, hay ocho querellas y 148 testigos. El tribunal analizará si admite a otros 70 testigos más que fueron pedidos por las partes. El TOF8 será presidido por Sabrina Namer y lo integran también María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli. El fiscal es Marcelo Colombo.
El eje del debate será el funcionamiento de una organización que por lo menos desde 2016 y hasta 2019 planificó y en algunos casos ejecutó (sin tener facultades), actividades de investigación, recolección, clasificación, almacenamiento y análisis de información vinculada a determinadas personas, causas judiciales y periodistas.
Dalessio llega a este segundo juicio con una condena a cuatro años de prisión por la tentativa de extorsión contra el ex agente aduanero Gabriel Traficante, la causa por la que está preso desde el 2019. En esa oportunidad también la Justicia había encontrado culpables a Bidone, a Barreiro y a otro ex agente de inteligencia llamado Claudio Álvarez.
Traficante los había denunciado por extorsión. Según el empresario, el grupo le había pedido 600 mil dólares a cambio de beneficiarlo en una causa por contrabando. Según se pudo probar, le hicieron creer que podían borrar de los registros telefónicos una serie de llamados presuntamente comprometedores.
El primer caso que se juzgará corresponde a los hechos denunciados por el empresario Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación y a quien se le habría exigido el pago de 300.000 dólares para no involucrarlo en el llamado “caso Cuadernos”.
Otro hecho que se ventilará en el juicio tiene como víctima a Gonzalo Brusa Dovat, ex director de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la Argentina, “a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli”, en 2019.
Además, se juzgará el hecho que tuvo por víctima a Diego Vestillero, que fue blanco de “acciones intimidatorias y extorsivas” en julio de 2016, además de “exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa”, para obligarlo a ” entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.”, de la cual era directivo.
Entre los querellantes también estará el abogado José Manuel Ubeira, contra quien D’Alessio, “en el marco de la asociación ilícita”, habría planificado “una cámara oculta con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como “extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal”.