La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal “van a intervenir en cortes de calle, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales”.
La ministra, en un discurso anticonstitucional, presentó el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación”. En sus declaraciones afirmó que “la ley no se cumple a medias” y que “las fuerzas van a intervenir de acuerdo a los códigos procesales de manera inmediata” ante cortes de tránsito en el marco de protestas sociales. “No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Esto quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal”, aclaró.
Más adelante, advirtió que este plan se llevará a cabo de manera federal y espera contar con la colaboración de todos los gobernadores. “Vamos a trabajar en conjunto con Néstor Grindetti y llamamos al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, para que colabore con los operativos en las autopistas, trenes y acceso a la Ciudad. Esto no es un tema de ideologías, es algo que repercute a todo el país.”
Luego agregó que no permitirán la presencia de menores en las marchas y que habrá “consecuencias” para quienes no respeten esta nueva disposición. “No vamos a permitir que usen a los niños como escudo”, advirtió y cerró que “los operativos, no los pagará el Estado sino ellos”
Como parte de las sanciones, la ministra advirtió que el estado no se hará cargo de los gastos de los operativos de seguridad. Según dijo, todos los costos vinculados al desarme de estas manifestaciones estarán facturados a cargo de las asociaciones que organicen las mismas. “El estado no va a pagar los operativos, se van a tener que pagar ellos”, informó.
Repudios. Dirigentes políticos, gremiales y del movimiento de derechos humanos repudiaron el protocolo. El CELS advirtió que “Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social. Lo hizo en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales. Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”. Luego manifestó: “Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política.
Por su parte, Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y la CGT, expresó: “¿Piensa que la gente se va a quedar sin laburo, sin derechos y se va a quedar en la casa mirando Netflix? Va a salir a la calle. Van a tener que hacerse cargo de lo que pase o hacer una cárcel muy grande porque vamos a ser muchos los que vamos a caer en cana defendiendo a los laburantes. No pudieron los milicos, ¿estos van a asustarnos? Es un mensaje a ese sector que los votó. ¿Se piensa que el 45 por ciento se va a quedar cruzado de brazos mientras nos sacan todo?”, planteó el titular de Camioneros.
El Secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, recordó que “el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución” y advirtió que “el protocolo de Bullrich lo viola de punta a punta”. “Repudiamos este avance represivo, la protesta pacífica no requiere autorización alguna”, destacó.
Por último, la diputada de izquierda, Myriam Bregman, señaló que lo que
“anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos. Sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”.