El Gobierno declaró mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este lunes en el Boletín Oficial, la “emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2024” para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad, como también para el transporte y distribución de gas natural.
En la norma, se extienden las intervenciones de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas), debido a la demora en los nombramientos, y ordena el inicio de la revisión del esquema tarifario para que entre en vigencia en 2024.
La decisión de Javier Milei es similar a la tomada en el inicio de la gestión de Mauricio Macri, cuando la declaración de emergencia abrió el periodo de audiencias para los incrementos de las tarifas de los servicios de luz y gas.
A ocho años de aquella declaración, el decreto firmado por el actual presidente sostiene un panorama similar al indicar la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos servicios públicos, su insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, la falta de inversiones en renovación y ampliación de redes.
En el decreto 55/2023 se sostiene que “a partir de 2003 en general, y desde 2013 en particular, no han dado señales económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio”, por lo que vuelca la responsabilidad del actual sistema de emergencia en las supuestas bajas tarifas que cobran las empresas prestadoras, que están privatizadas desde la década del 90.
Según la información volcada en el decreto, las dos principales prestadoras de energía eléctrica Edesur y Edenor -a cargo de la distribución en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano- presentan cifras críticas en la eficiencia del servicio.
Según el informe del ENRE, surge que los indicadores que reflejan la calidad del servicio público que prestan las distribuidoras exhiben un aumento del indicador de frecuencia media de interrupción por usuario para EDENOR S.A. del 55,23 % y para EDESUR S.A. 173,22 %.
Durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, se llegó a nombrar a un funcionario del gobierno dentro de Edesur para incrementar el control del funcionamiento de la empresa, pero no derivó en la revisión del contrato con la empresa que cuenta con la concesión -al igual que Edenor- hasta el año 2087.
A pesar del incumplimiento en la calidad del servicio, el decreto no apunta sobre las empresas, sino que ordena el inicio de una revisión tarifaria integral de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. Asimismo, habilita a implementar adecuaciones transitorias y ajustes periódicos en los cuadros vigentes, para garantizar la normal prestación de los servicios mientras se realiza dicha revisión.
El decreto dispone la continuidad de los interventores nombrados tanto en el ENRE como en Enargas durante el gobierno de Alberto Fernández para no demorar los procesos de revisión de cuadros tarifarios, mientras que da un periodo de 180 días para que se complete la designación formal de los nuevos directorios, que deben ser nominados por el Ministerio de Economía y seleccionados en el Congreso. En el caso de Enargas, el interventor Osvaldo Pitrau ya firmó la convocatoria a una audiencia para revisar las tarifas el próximo 8 de enero.
La definición central del decreto está en la readecuación de tarifas al sostener que es el atraso en la remuneración a las empresas generadores, transportadoras y distribuidoras lo que ha impactado en los planes de mantenimientos periódicos y permanentes, en las tareas de reparación y en los recursos económicos destinados; y que bajo los esquemas de remuneración vigentes no se ha promovido la competitividad de los mercados de producción.
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Faltó que Milei le diga al gran López Obrador: viejo meado. Y el Méjico soberano lo tomó del cuello a Conan.