Por Eduardo D’Argenio.- “Le faltó decir “democracia: ¡afuera!”. En esas cinco palabras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó anoche en las redes sociales, minutos después del discurso de Javier Milei, se resume lo que transmitió el presidente con su anuncio de un brutal decretazo que avanza sobre tantísimas áreas centrales de la vida cotidiana, pisoteando de manera despiadada esa Constitución por la que tantos -los hipócritas de siempre- se rasgan las vestiduras.
Alquileres, sistema de salud, régimen de tierras, reforma laboral y tantísimas cuestiones más, son temas no precisamente menores, que impactarán negativamente en la existencia de millones de argentinos, siempre y cuando las medidas anunciadas anoche terminen convirtiéndose en ley, algo que no será tarea sencilla, por la flagrante ilegalidad –desde el punto de vista constitucional- que tienen los cambios anunciados en cadena nacional.
Y tanta será la afectación sobre el ciudadano de a pie que, hasta bien entrada la madrugada de hoy, miles de ciudadanos hicieron tronar el escarmiento a través de sus cacerolas, para exteriorizar el rechazo a las medidas. ¿Cuántos de esos que salieron anoche votaron a Milei? Imposible saberlo.
Lo que sí quedó claro es que no solo se trató de una manifestación espontánea, sino que la sabiduría del pueblo los llevó a manifestarse frente al majestuoso edificio del Congreso nacional. Y no fue un hecho casual el blanco elegido, porque justamente el Parlamente fue / es el gran ignorado por el flamante presidente, temeroso de la viabilidad legal del siniestro paquetazo.
Por eso, apenas el presidente terminó su mensaje, surgieron las dudas sobre la constitucionalidad de los anuncios, entre ellos la reforma laboral por decreto, así como la derogación de la Ley de Alquileres y la Ley de Tierras.
Este enorme paquete de medidas todavía puede ser rechazado tanto por la Justicia como por el Congreso. El Poder Judicial tiene la potestad de no aprobar artículos de los decretos si considera que van en contra de otros derechos o si son inconstitucionales.
“Derogar 300 leyes y modificar más de 300 leyes mediante DNU es un intento de suma del poder público vedado por el art. 29 de la Constitución que transforma al PEN en la Comisión de Asesoramiento Legislativo del siglo 21. Es la extinción del Congreso como corazón de la democracia”, explicó en redes sociales Andrés Gil Domínguez, reconocido abogado constitucionalista.
Entre esas cuestiones que afectarán la vida cotidiana, aparecen la derogación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas, del Compre Nacional y de Promoción Industrial. Además, figura la derogación de la Ley de Tierras, límites en las licencias por maternidad, la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, y hasta la luz verde para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.
Por otra parte, se elimina el tope de tasa que se le cobra a comercios (3% en caso de las tarjetas de crédito y 1,5% las de débito); suprime el tope al interés punitorio (por demoras en el pago); y deroga sanciones a las empresas en caso de que no informen la tasa de interés.
Y como no podría ser de otra manera, la polémica sobre la constitucionalidad de las medidas contenidas en el decreto también pone en duda la viabilidad de la reforma laboral. Milei dijo que el objetivo principal de esos cambios apunta a achicar el costo laboral de las empresas. Y uno de los puntos clave para lograrlo es la reducción de la indemnización por despido, en línea con los históricos pedidos de las principales cámaras patronales.
Además, el gobierno impone la creación de “un fondo de cese laboral” para cubrir las indemnizaciones por despido a partir de un aporte mensual que debería hacer el empleador preventivamente, tomando el modelo de la Uocra.
En otras palabras, “la modernización del régimen laboral”, es un eufemismo de reforma que elimina y flexibiliza derechos laborales, como las indemnizaciones por despidos, las licencias por maternidad, los períodos de prueba y la limitación en muchos sectores del derecho a la huelga.
Lejos de castigar a “la casta”, una vez más la clase trabajadora verá afectada su poder adquisitivo, teniendo en cuenta que ya liberó los precios de la medicina prepaga, derogó la ley de abastecimiento y de góndolas, prohibió cualquier limitación o cupo de exportaciones, terminó con el observatorio de precios del Ministerio de Economía y eliminó la ley de alquileres. Todas medidas que, sin lugar a dudas, dispararán los precios de esos sectores.
Las reformas y derogaciones también transfieren más poder e influencias a sectores concentrados como el azucarero, el minero y la oligarquía rural, ya que el DNU también incluyó la derogación de la Ley de Tierras, lo que no solo permitirá una mayor concentración, sino además una extranjerización mucho más importante del territorio nacional.
Además, el decreto es el primer paso para una privatización masiva de las empresas del Estado. No solo deroga la ley que impide las privatizaciones, sino que además eliminó la norma que creó el régimen de las sociedades del Estado y las convierte en sociedades anónimas. A esto se suma el desprendimiento del paquete accionario de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
Y este salvaje decretazo surge en momentos en que la sociedad entera no se repone del shock incontenible de la inflación, sabiendo que todavía falta incluir tarifas y salarios.
Milei ganó con el 55 % de los votos en el balotaje. Pero nadie votó a Federico Sturzenegger, el tristemente célebre economista, que anoche, como una estatua se ubicó junto al presidente, y que, se sabe, es el padre de esta horrorosa criatura que se disfraza de un decretazo por el que parte de la sociedad ya puso el grito en el cielo. Y en sus cacerolas.