“Estamos ante un incipiente Fujimori”. Esa fue la advertencia que en las últimas horas lanzó un diputado de Unión por la Patria, sobre los pasos que podría dar Javier Milei en caso de encontrar resistencia parlamentaria al gigantesco y temerario paquetazo de leyes presentado oficialmente ayer, y la posibilidad cierta de tener la excusa perfecta para cerrar el Congreso, tal como lo hiciera el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, en abril de 1992.
O, directamente, estamos en presencia de un presidente que, arrogándose el triunfo en un balotaje, parece decidido a seguir el camino de un verdadero monarca, pisoteando la Constitución Nacional.
No es un dato menor que La Libertad Avanza cuenta con menos del 15 % del total de bancas en la Cámara de Diputados, y menos del 10 % en el Senado.
Y no es nada descabellado trazar un paralelismo con Fujimori o con un rey sin corona, teniendo en cuenta que en el marco del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Gobierno propuso declarar la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que le permitiría al presidente otorgarse facultades legislativas o, dicho en otras palabras, tener la suma del poder público.
La emergencia pública es -según el artículo 3- “en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”, y podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo en un máximo de dos años, lo que implicaría la totalidad del mandato de Milei.
Según dicho artículo, se le delegará al Poder Ejecutivo diferentes facultades enumeradas en la ley, entre ellas se lo habilita excepcional y limitadamente a que el Congreso le confiera facultades legislativas temporalmente que la Constitución le otorga al Legislativo. Además, las normas que se dicten durante esta delegación serán permanentes al menos que se dicte lo contrario.
En esa línea, uno de los puntos del proyecto le exige al Poder Legislativo el aval al mega DNU. En las disposiciones finales, el artículo 654 estipula “ratificase el DNU 70/23”. Milei ya había anunciado en una entrevista que si su decreto era frenado por el Congreso o la Justicia iba a recurrir a un plebiscito.
Además, el presidente señaló la firme voluntad de su gobierno de emprender de manera inmediata y con herramientas apropiadas, la lucha contra los factores que considera adversos para la libertad de los argentinos, los cuales, según él, obstaculizan el adecuado funcionamiento de la economía de mercado y son responsables del empobrecimiento del país.
En el paquetazo en cuestión el mandatario se mete en diversas áreas con algunas normativas que implican lisa y llanamente decisiones escandalosas.
Convertir a la protesta social en delito fue el gran objetivo del anuncio del protocolo anti-piquetes de Patricia Bullrich, pero ahora se busca transformarlo en legislación y reformar el Código Penal con nuevas definiciones y el aumento de penas de las figuras que usan las fuerzas de seguridad para “cazar” manifestantes al punto de volverlas no excarcelables.
La norma propuesta criminaliza a los movimientos sociales, a organizadores, quita derechos políticos y hasta afirma el absurdo de que una reunión de tres o más personas en un espacio público es una manifestación que debe pedir permiso al Ministerio de Seguridad. También amplía la discrecionalidad de los efectivos para matar con el argumento de que actúan en legítima defensa e impide que los familiares de las víctimas los querellen.
Por ejemplo, Milei pide al Congreso que apruebe un articulado que modifica el Código Penal de la Nación para reprimir el derecho a la protesta social e incluso de reunión, creando un tipo penal de “coordinador de reuniones”, bajo amenaza expresa de prisión efectiva para dirigentes sociales.
Entre todas estas iniciativas está también la modificación del Código Penal en materia de “resistencia a la autoridad” y de la “legítima defensa”, con el fin de dar mayor respaldo a las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, en el proyecto de ley ómnibus que se envió ayer al Congreso, el presidente incorporó un amplio abanico de iniciativas que van desde la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), hasta una sorpresiva propuesta para modificar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en circunscripciones. Este último combo, en caso de aprobarse, reduciría el número de bancas y afectaría la cantidad de representantes de las provincias con menos habitantes.
En tanto, se establecen modificaciones significativas en la Ley de Empleo Público, especialmente en relación con la situación de los trabajadores estatales cuyos cargos se verán afectados por medidas de reestructuración.
Lo polémico es que se propone la creación de un “Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional”, con el objetivo de capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias a los agentes civiles, militares y de seguridad cuyos cargos sean suprimidos. Este fondo funcionará en el ámbito del Ministerio designado por el Poder Ejecutivo nacional, y se financiará con los recursos asignados en el Presupuesto.
Es así que se establece un régimen de promoción que busca facilitar la reinserción laboral privada de los agentes públicos afectados, permitiendo la eximición de cargas sociales durante un período acotado en la contratación de estos agentes en situación de disponibilidad.
En este sentido, se establece que los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos sean eliminados, pasarán automáticamente a la situación de disponibilidad, con una duración máxima de hasta doce (12) meses. Durante este período, se promueve la posibilidad de aceptar vacantes en la Administración Pública, ser contratados por empleadores privados con beneficios especiales o formalizar otros vínculos laborales.
Transcurrido el plazo establecido, aquellos agentes que no hayan formalizado una nueva relación laboral serán automáticamente desvinculados del sector público, con derecho a percibir una indemnización financiada por el Fondo.
Como si fuera poco, la ley ómnibus que Milei envió al Congreso entraña un drástico ajuste al sector cultural. Contempla sólo dos destinos para los organismos que protegen y fomentan a la cultura en todo el territorio nacional. El paquete de reformas abarca el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). “Artistas emergentes becados, obras de teatro independientes y bibliotecas populares en los barrios podrían dejar de existir”, alertó en Twitter ATE Cultura Nación.