La imagen de Javier Milei cayó nada menos que 9 puntos en los 40 días transcurridos desde que asumió la presidencia. Era del 61 % el 10 de diciembre, y es del 52 % en esta última semana. Por lo tanto, es falso lo que difunde la Casa Rosada en cuanto a que al gobierno lo apoya el 70 % de la población.
De todas maneras, sigue teniendo todavía un margen importante de aceptación, pero se va desgajando: hay ciudadanos que hace un mes se consideraban independientes, mientras que ahora se autocalifican como opositores. Como es obvio, el punto clave es la marcha del país y la disparada de la inflación.
En diciembre, sólo el 29 % decía que el rumbo es equivocado; ahora ese porcentaje trepó al 45 %. La mitad de la población dice que llega apenas a fin de mes y una de cada tres personas está aún peor, afirma que no llega. Lo preocupante para el presidente es que, dentro de los que se pasaron de independientes a opositores y dentro de los que llegan apenas a fin de mes, hay una proporción (10 %) de votantes del propio Milei.
Las conclusiones surgen de una encuesta –que publica en exclusividad este domingo el diario Página/12- realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron a 1.253 ciudadanos de todo el país, seleccionados por las redes sociales. La muestra se equilibró en proporción al sexo, la edad y el nivel socioeconómico.
“La imagen de Milei descendió nueve puntos -analiza Bacman-. Por supuesto, es una caída más pronunciada en los que se consideran independientes y opositores. Pero a mediados de enero ha comenzado a incluir a los propios votantes de Milei. Del 43 % que lo evalúa mal o muy mal, un 3,5 % ya son votantes de La Libertad Avanza (LLA). Parece poco, pero también es poco el tiempo transcurrido. La conclusión es evidente: el ajuste, si sigue como hasta el momento, comenzará a minar la popularidad del presidente. Para revalidar esto, basta puntualizar que el porcentaje de ciudadanos que opinan que el país va en un rumbo correcto, cayó 8 puntos comparado con diciembre”.
Los datos del CEOP impactan esencialmente porque buena parte del ajuste todavía no se sintió a pleno, ya que será demoledor recién en febrero y marzo, con el aumento del boleto mínimo a $ 270, de la luz y el gas con facturas multiplicadas por ocho, posiblemente una nueva devaluación y el consecuente traslado a precios.
Lo que se percibe en la encuesta es que hay poco margen para el estudio. Un 29,8 % ya dice que no llega a fin de mes, y un 50,1 que “apenas llega a fin de mes”. “El dato preocupante -afirma Bacman- es que éste último valor creció 15 puntos con relación al año anterior y se convierte en un dato testimonial de lo mucho que los argentinos deben resignar y bajar sus gastos de manera ostensible. Es más que elocuente que el brutal ajuste duele mucho. En el 50 % que dice que apenas llega a fin, la mitad son ex votantes de Milei en el balotaje. Todo indica que la cuerda puede cortarse. La pregunta del millón es cuándo”.
“El impacto del ajuste ahonda la polarización de los argentinos -concluyen el titular del CEOP-. Sólo el 48 % se considera oficialista y el 40 % opositor. En el medio, un exiguo 20 % se posiciona como independiente. De algo se puede estar seguro: son tiempos donde no hay lugar para medias tintas. En las cinco semanas transcurridas desde el 10 de diciembre, los que se dicen oficialistas se mantienen, aunque el cambio más significativo es que una importante porción de independientes se fue transformando abiertamente en opositor. Es un indicador de desgaste”, sostiene Bacman.
Y agrega que “cuando a la gente se le pregunta por su estado de ánimo, un 43 % se manifiesta esperanzado, que son parte de los que votaron a Milei en el balotaje. Pero, del otro lado, hay miedo, bronca, incertidumbre, que suman un nutrido 57 %. Atención que 2 de cada 10 que hablan de incertidumbre son votantes de Milei, y parecería que están caminando por la cornisa”.
Los cuestionamientos al mandatorio no son sólo económicos. Nada menos que el 58 % de los encuestados está en desacuerdo con el DNU y la Ley Ómnibus. Y sobre el DNU, se inclinan por la respuesta: “Deberían haberlo enviado a sesiones extraordinarias del Congreso”. El 40 % está de acuerdo y afirma “está bien, era urgente y necesario”.
Pero el análisis de varios puntos del DNU y de la Ley tampoco tienen respaldo. Despiertan mayores temores la reforma laboral, delegar facultades legislativas al Ejecutivo, derogar la Ley de Tierras, la privatización en bloque de 41 empresas estatales y la movilidad jubilatoria.
Los números, bien mirados, deberían encender alarmas en el Gobierno Nacional. Sin embargo, pareciera que el mandatario y su entorno viven su propia historia, posteando en las redes sociales centenares de feroces críticas contra cualquiera que exponga, aunque sea, un enfoque o un dato levemente discrepante.
Lo asombroso es que son reacciones presidenciales cuando, recién ahora y de a poco, van apareciendo respuestas a medidas que no van contra la supuesta casta sino contra los sectores de menores recursos y la clase media.