Este lunes, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei le quitó una serie de facultades a la secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, con el objetivo de eliminar el control de precios, abastecimiento y requerimientos de información, lo que se traduce como un atroz desamparo para los consumidores de ahora en más.
De esta manera, el Gobierno derogó los regímenes de comercio interior dispuestos en la Ley de Metrología, de abastecimiento, de lealtad comercial, de defensa del consumidor, de tarjetas de crédito, de libros de regulación de medicina prepaga, de observatorio de precios, de conciliación, de talles y de góndolas.
Así lo dispuso mediante la Resolución 51/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que establece la derogación de 69 normas. Según el documento, estas regulaciones generaban “trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.
Por ejemplo, a partir de ahora las entidades bancarias y financieras no están obligadas a informar la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, en pesos y en dólares. Lo mismo ocurrirá con los supermercados, que ya no deberán entregar al Estado listas de precios, además de brindar detalles de presencia de productos en góndola.
Por su parte, las empresas de medicina prepaga a partir de hoy quedarán eximidas de detallar, periódicamente, el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.
Respecto a la educación, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades privadas, según se detalló en la disposición.
“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, afirmó Lavigne.
El organismo señaló que “se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios”.
A su vez, en la medida, el Gobierno consideró que “la existencia de resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios” apartaron a la “autoridad de aplicación de las misiones y funciones genuinas que le han sido asignadas”, es decir, que no deberían funcionar para proteger al consumidor final.
Se derogaron además regímenes informativos de Precios Máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.
Según la Secretaría, “estas herramientas sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país”.
Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando “a que ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”.
Hay que recordar que, en campaña, Milei señaló que consideraba eliminar la secretaría de Comercio: “En mi gobierno no tiene sentido, porque los precios se tienen que regir por el libre mercado, y considero que ningún funcionario puede decidir quién puede o no puede importar: eso lo tienen que definir las empresas con sus propios recursos y por sus necesidades”, advirtió.