Tras dejar de lado en el proyecto de Ley Ómnibus puntos claves de su paquete de reformas económicas y tributarias -anunciado el viernes por el ministro de Economía Luis Caputo-, el Gobierno buscará mañana su media sanción en la Cámara de Diputados ante la necesidad de enviar una señal a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con ese objetivo, que con el correr de los días se transformó en una obsesión, La Libertad Avanza (LLA) llevará adelante otra concesión puntual a los bloques dialoguistas, que todavía ponen reparos a algunos aspectos de la norma, principalmente en lo referido a la delegación de facultades legislativas en materia fiscal y previsional.
Justamente, uno de los cambios más relevante es que bajarían el número de las emergencias de nueve a siete, y que el plazo para las facultades delegadas seguiría siendo, como en la versión anterior, por un año con la posibilidad de un año más de prórroga.
Tras haber quitado el paquete fiscal de la Ley Ómnibus, la oposición “dialoguista” mostró su conformismo, pero planteó que todavía faltaban lograr nuevos consensos con el oficialismo, en cuanto a las facultades que el Parlamento delega en el presidente, y en el capítulo de las privatizaciones de empresas públicas.
El Gobierno estaría dispuesto a reducir las emergencias, sacando del listado la previsional y la de salud. Es decir, quedarían las emergencias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y, en el borrador, hacen la aclaración de que dicho plazo “podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de UN (1) año”.
Asimismo, desde el Poder Ejecutivo sostienen que se mantuvo la disposición de privatizar la mayoría de las empresas públicas, exceptuando a YPF, y generando una normativa específica para el Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, que sólo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Por otro lado, se excluyó de las facultades de disolución a las empresas públicas, universidades, y entidades como el INTA y el Conicet. Entre otra de las modificaciones que se pudieron percibir, también se quitó el artículo de derogación de la incompatibilidad tras ser funcionario de la CNV (conocido como puerta giratoria de salida).
Es por eso que, en las próximas horas, en una carrera contrarreloj, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, recibirá a los jefes de bloques opositores a su despacho para ultimar detalles del dictamen que buscarán llevar este martes a votación. En tanto, el bloque de LLA, que lidera Oscar Zago, se reunirá esta tarde, por lo que se prevé una jornada de “frenéticas negociaciones” para intentar acercar posiciones.
El clima en el palacio legislativo, con todo, quedó enrarecido por las marchas y contramarchas en torno al dictamen de la iniciativa y a la embestida del propio Ejecutivo contra los gobernadores “aliados”, a los que incluso amenazó con “dejarlos sin un peso”, en referencia a una eventual poda en el envío de los fondos federales no coparticipables.
“Hasta que no esté hecha la convocatoria a la sesión, no se puede asegurar nada”, se atajó una fuente legislativa de LLA consciente de las dificultades que registró el oficialismo para concretar el cronograma legislativo propuesto a comienzos de mes.
Si bien hay compromiso de los mandatarios provinciales “aliados” y de los bloques del PRO, Hacemos y de un sector de la UCR a acompañar lo que quedó de la Ley Ómnibus, en el oficialismo encienden las luces de alarma por los planteos de los últimos días.
Más allá de las sospechas y las inquinas hacia un sector de la oposición que se presentaba como dialoguista, en el oficialismo también se producen por estas horas algunos pases de factura por lo que, en los hechos, resultó la primera capitulación de su ambicioso plan de reformas.
Mientras, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las últimas horas envió un mensaje a los bloques opositores: “Me parece que hay veces que no hay que mirar tanto la letra chica de una ley, sino que hay que mirar las circunstancias generales del país. Se tiene que hacer un cambio copernicano y tiene que ser rápido porque el tiempo es directamente proporcional a la posibilidad del fracaso”.
En este contexto, el PRO acompañará casi a ciegas al Gobierno nacional. La postura, sin embargo, no es la misma en el resto de los bloques amigos. Los radicales, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal por estas horas son más cautelosos.