Por orden del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, el Banco Nación dejó de adelantar los fondos para el pago de sueldos hasta que el Tesoro envíe las partidas correspondientes. La decisión del Gobierno -materializada a través de una resolución del Banco Central de impedirles a los bancos financiar el pago de salarios de empleados públicos- disparó la reacción de gremios estatales que hicieron saber de una inminente demora en el cobro de más de 700 mil agentes de la administración central, y encendió la alarma sobre un universo que se extiende a 3,5 millones de trabajadores de provincias y municipios de todo el país.
El primero en reaccionar fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, quien confirmó que el Banco Nación suspendió los convenios que permitían que los trabajadores universitarios cobraran el día primero de cada mes. Ahora, docentes y no docentes tendrán que esperar a que el Tesoro deposite en el Nación para recibir sus haberes.
“El pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia”, informaron desde la UNR. Esta situación afecta a todos los empleados universitarios que tienen cuentas en el Banco Nación, así como a los entes autárquicos que tienen convenios similares.
Es evidente que la suspensión de las transferencias responde al plan de ajuste del ministro Caputo, quien el viernes debió retroceder con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, que preveía subir retenciones y modificar el sistema jubilatorio.
Como no pudo avanzar con esas medidas, el ministro de Economía decidió recortar los desembolsos a provincias y entes autárquicos, para cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La medida se suma a la quita de horas extras ordenada por la Jefatura de Gabinete y que afecta a los sueldos más bajos del Estado, y a los recortes iniciados en el sector público con la cancelación de contratos.
En concreto, la comunicación A7674 del Banco Central, que pone límites a los adelantos de entidades financieras a organismos públicos, universidades nacionales y otros entes no privados, complicará el pago de haberes en término (último día hábil de cada mes o primero del siguiente) a empleados públicos, docentes, profesionales y trabajadores de la salud y de otras reparticiones.
“Con esta norma del Banco Central de la República Argentina los médicos, los policías, los docentes y miles de empleados estatales no van a cobrar su sueldo el próximo 31 de enero o 1 de febrero, en casi todo el país”, expresó en su cuenta de X la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la UCR, Danya Tavela, quien se preguntaba: “¿Esta es la forma en la que Javier Milei quiere dialogar con los gobernadores y diputados y senadores?”.
La Junta interna ATE-Trabajo expresó un “enérgico repudio a esta arbitraria decisión que afecta directamente la economía cotidiana de los trabajadores y trabajadoras del Estado, en un contexto de salarios de pobreza e indigencia”.
“Esta nueva muestra de ajuste, hostilidad y destrato busca además profundizar el desgaste sobre nuestras condiciones laborales y de vida, en el marco de la política de vaciamiento y desguace del Estado que el gobierno nacional viene llevando adelante”, expresaron.
La semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la decisión de no prorrogar la autorización a los bancos para financiar al sector público en el pago de sueldos. Y lo enmarcó en las restricciones desde el Estado nacional a los distritos resueltas por la demora en la Ley Ómnibus, una suerte de confesión del apriete a gobernadores.
“Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo en esa oportunidad al comentar la decisión del Central.
Desde el 28 de octubre de 2019, un día después de la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y en el marco de un escenario económico muy inestable, el Banco Central dispuso una normativa que tenía como objetivo facilitar a organismos públicos a financiarse en un momento de crisis para el pago de sueldos de haberes. En una crisis mucho mayor, el gobierno de Javier Milei decidió suspenderla. De esta manera, sacrificó el paquete fiscal de la Ley Ómnibus, pero no dio el brazo a torcer con el ajuste sobre el sector público.
Por disposición del Central, los bancos comerciales cuentan con un cupo para quedar expuestos a créditos del sector público. La Comunicación A6816 emitida en el 2019 eximía de ese tope a los préstamos que se otorgaran para el pago de haberes a organismos del sector público. De esta manera, los mismos se aseguraban poder pagar los sueldos el último día hábil de cada mes y, una vez que recibieran la transferencia correspondiente del Tesoro de la nación (entre dos y cinco días hábiles del mes siguiente), cancelaban la deuda. Este adelanto se realizaba sin costo financiero.
La norma se prorrogó ocho veces desde entonces. La última vez fue en enero del 2023, por un año hasta el 31 de enero próximo.