Los dos grandes perdedores de las elecciones de noviembre, Patricia Bullrich y Luis Petri, desde sus actuales cargos al frente de los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, buscan un vericueto legal para modificar la ley de Seguridad Interior. ¿El objetivo? Que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el territorio ante situaciones de crisis, algo que está expresamente prohibido desde hace décadas.
Sin embargo, según revela hoy el periodista Guillermo Villarreal en el sitio Letra P, fuentes castrenses y oficiales confirmaron que “está a la firma” del presidente Javier Milei el decreto para permitir que efectivos de las tres fuerzas actúen en casos de “amenazas extranjeras”, entre las que incluyen al terrorismo y a los delitos mayores vinculados a las mafias del narcotráfico.
El hecho es que tanto Petri como Bullrich vienen trabajando en esa idea desde que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada, incluso en contra de la línea de acción de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que conoce de sobra a la casta militar.
La dupla ministerial forzó movimientos de cuadros militares que no adherían a ese cambio en la política de seguridad interior, por considerar que “no era su función”, y asegurar que tampoco “estaban preparados” para actuar en ese terreno.
La reciente mega purga jerárquica, con el descabezamiento de las cúpulas militares, allanó el camino para avanzar en la decisión gubernamental en materia de seguridad interior, al contar con jefes más afines a las políticas libertarias.
A esto se suman los decretos conocidos este martes con ascensos al grado inmediato superior del personal de la Armada y la Fuerza Aérea y de oficiales del Cuerpo de Comando -Armas y Especialidades- y del Cuerpo Profesional del Ejército
Más allá de plantear la necesidad de modificar el decreto que reglamenta la Ley de Defensa a fin de ampliar las capacidades militares para que puedan actuar ante acciones terroristas, Petri adelantó que las Fuerzas Armadas “van a apoyar las acciones del Ministerio de Seguridad” en la lucha contra el narcotráfico, brindando apoyo en materia de logística y transporte.
“Esto ahora no está permitido y surge de un sesgo ideológico que marcó a las Fuerzas Armadas en la República Argentina y le restó y quitó capacidades a la hora de intervenir ante amenazas regionales, internacionales provocadas por el terrorismo”, sostuvo en declaraciones a radio Cadena 3.
Al conocerse la posibilidad de que Milei modificara por decreto la política para las Fuerzas Armadas, organizaciones de derechos humanos expresaron su “total rechazo”, por considerar que se trata de un paso “peligroso” hacia la militarización de la seguridad interior, y al advertir que la incorporación de las FF.AA. en estas misiones está prohibida por leyes de la democracia.
La movida de la dupla ministerial también se encuadra en el alineamiento de la Casa Rosada con la política exterior de Estados Unidos, y que acaba de subrayarse con un nuevo portazo a China por la compra de aviones de combate. El primero había sido la decisión de Argentina de no entrar a los BRICS, para esquivar vínculos comerciales con el país asiático miembro de ese club, y al que Milei catalogó como “comunista”.
En esa línea comercial ideológica y en un gesto hacia Washington, el Ministerio de Defensa finalmente decidió no comprar las aeronaves chinas Thunder J-17, más baratas y equipadas con armamento, y sí adquirir 24 aviones de combate F 16 estadounidenses que tiene Dinamarca y deben ser reacondicionados, por un valor cercano a los 600 millones de dólares.