En lo que claramente se interpreta como una burda maniobra de la vicepresidenta Victoria Villarruel con el claro objetivo de seguir dilatando los tiempos para tratar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) lanzado por el Gobierno en diciembre, la titular de la Cámara alta aceptó al pedido que presentaron radicales y macristas para que, antes que la discusión sobre el DNU 70/23, se aborde el tratamiento de todos los decretos firmados por Alberto Fernández y Mauricio Macri.
En el marco de esa jugada, se confirmó que el Gobierno no enviará al Congreso a los funcionarios reclamados por un grupo de legisladores de la llamada oposición dialoguista para que expliquen los pormenores de la elaboración del DNU de desregulación de la economía.
De esta manera, con las firmas de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche, junto al diputado Lisandro Almirón, el oficialismo blinda al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse y al ministro de Economía, Luis Caputo. La lista de quienes no concurrirán al recinto a brindar explicaciones, se completa con el director del Banco Nación, Armando Guibert; el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, su par de Trabajo, Omar Yasin, el ministro de Salud, Mario Russo, y el director de Anses, Mariano De los Heros.
No conforme con retacear la presencia de ministros y secretarios, el oficialismo apuesta a seguir con las maniobras destinadas a demorar todo lo posible la discusión del primer decreto de necesidad y urgencia firmado por la administración Milei, el pasado 21 de diciembre.
En la oposición estiman que todo está planchado hasta que se produzca la reunión con los gobernadores, encuentro que hoy por hoy también se mantiene en una nebulosa, y se desconoce si se concretará en los próximos días.
La concesión inicial del oficialismo a la demanda para que se presenten los responsables del gabinete para discutir el DNU, obedecía tal vez a que se quedaba sin margen de maniobra. “El DNU está muerto”, habría dicho ayer Villarruel. Acaso la citación de funcionarios era el último recurso para dilatar el tratamiento del decreto 70/23 en comisión cuando el reglamento de ambas cámaras indica que ya están vencidos los plazos y ya se puede discutir en recinto.
Por ahora, existe una mayoría consolidada que interpreta que el DNU es inconstitucional. Para diferenciarse del kirchnerismo, el radicalismo (y algún que otro sector del peronismo federal y el PRO) insisten en que el problema es de forma, y no de contenido. Insisten en tratar varias de las propuestas del mega decreto -como la reforma laboral, que disminuye las indemnizaciones por despido y limita la posibilidad de huelga, o la derogación de la Ley de Alquileres y la de Tierras- como proyectos de ley, buscando evitar así la encerrona del rechazo absoluto.
En ese contexto, llamó la atención la reacción del bloque de Unión por la Patria: los propios legisladores peronistas presentaron una nota solicitando la presencia de constitucionalistas para la reunión de comisión prevista para este jueves. Ante el desconcierto, desde uno de los despachos kirchneristas apuntaron contra el senador José Mayans por la errática estrategia.