A contramano de lo que indican las palabras de Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que reunirse con grandes empresarios supermercadistas para pedirles que frenen la inercia inflacionaria en las listas de precios.
Al funcionario no le quedó otra alternativa que convocar a un encuentro con carácter de urgencia, para ver qué se podía hacer frente a la escalada de precios. No es un tema fácil para un gobierno libertario que no cree en los controles de precios, y argumenta que hay que dejarlos flotar, ya que (en teoría) se acomodan solos por el juego de la oferta y la demanda.
Mientras tanto, febrero marcó un profundo retroceso del consumo en productos de consumo masivo. Por lo tanto, la combinación entre la caída de ventas y aumentos de costos amenazan el plan del Gobierno para terminar de enfriar la economía.
Caputo, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, y su par de Comercio, Pablo Lavigne, hizo “particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica”.
Según se difundió oficialmente, se “debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores”, lo que demuestra que la famosa “libertad de mercado” no es precisamente la solución para ponerle un freno a la inflación.
Del encuentro participaron representantes de CENCOSUD, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día.
“A muchas empresas les pasó que pusieron precios a sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ’60 % de descuento en la segunda unidad’ o hasta ‘2×1′”, señaló Caputo.
El eje central de esa reunión fue el tema de la distorsión de los precios debido a las ofertas que ofrecen en las grandes cadenas supermercadistas. El Gobierno entiende que con las ofertas al consumidor no se termina expresando cuál es el precio real de cada producto por unidad. Por lo tanto, esto genera que el precio medido finalmente sea más alto que el que verdaderamente se paga, y que la inflación oficial sea mayor de lo que debería ser realmente.
Demás está decir que, al enfrentarse a un panorama tan desalentador, ahora el Gobierno pone la lupa en el accionar empresario, después de haber eliminado por decreto todas las normativas regulatorias que le daban status de control a la Secretaría de Comercio.
La realidad muestra que las ventas minoristas en las grandes cadenas cayeron aproximadamente un 13 % interanual el mes pasado. Concretamente, en las dos primeras semanas de febrero las ventas en los supermercados habían bajado un 13,4 % (un 12,2 % en la primera y un 14,8 % en la segunda), mientras que en la tercera semana la baja fue del 12 %. Para la cuarta y última semana los datos todavía no fueron procesados, pero los supermercadistas entienden que con las tres primeras ya puede verse la tendencia final.