Mientras se espera una multitud el próximo 24 de marzo por el día de la Memoria, Verdad y Justicia, continua enrarecido el clima por las posiciones negacionistas del gobierno del presidente Javier Milei, quien estudia un posible indulto pedido por la vicepresidenta Victoria Villarruel o conformarse con una proclama negacionista de los 30.000 desaparecidos.
La diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman alertó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) sobre la posibilidad de que el Gobierno esté preparando un indulto a genocidas en vísperas del Día de la Memoria, que se conmemora este domingo 24 de marzo, algo que se viene escuchando en círculos cercanos de la Casa Rosada. Bregman expresó: “Circulan versiones que indican que el presidente dictaría un indulto a genocidas en las vísperas del 24 de Marzo. Aunque eso sería manifiestamente inconstitucional, reafirmamos más motivos para movilizarnos y estar en la calle. Este #24M tiene que ser una jornada de lucha”.
Paralelamente, hoy Carlos Pagni en La Nación señala que “Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva, sin que se resuelva su situación procesal, en causas de lesa humanidad”.
Hay que destacar que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a diecinueve represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas, y ordenó al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca el resguardo de las pruebas y los testimonios para su acceso, reutilización y difusión.
Así, el máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, confirmó la decisión de primera instancia, en la cual resultaron condenados varios integrantes del V Cuerpo del Ejército, autoridades policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La defensa de los represores había puesto en duda la calificación de “genocidio” para los crímenes juzgados, pero en este punto se citó la normativa y jurisprudencia nacional e internacional. “Los hechos en juzgamiento deben ser calificados legalmente como constitutivos del crimen de genocidio en los términos convencionales, en tanto parten de ‘una política de exterminio focalizada sobre un grupo nacional particular con el objeto de, a través de la violencia física y la difusión del terror, lograr la reorganización del conjunto de la sociedad. El accionar represivo aparece así como un medio para la obtención de un fin: el martirio de los individuos en tanto parte de un colectivo determinado, socialmente significativo para los victimarios, y el extermino de ese colectivo como instrumento para la modificación de los lazos sociales’”, puntualizaron. En definitiva, la Cámara Federal le recordó al presidente que el Estado debe “asegurar la persecución de las graves violaciones a los ddhh”.
La versión señala que luego del durísimo fallo de Casación, el gobierno podría no indultar a los genocidas pero publicaría un mensaje negacionista sobre los 30.000 desaparecidos que dejo la dictadura. La versión es que el gobierno le habría pedido al ex secretario de Inteligencia del Estado, Juan Bautista “Tata” Yofre y Luis Labraña que realicen un documento. La idea del gobierno libertario es que los militares fueron “convocados” para terminar con el terrorismo, olvidando en el documento que esos militares secuestraron y desaparecieron militantes, que torturaron mujeres embarazadas y se apropiaron de más de 500 bebes entre 1973 y 1979.