En medio de la ola de miles de despidos arbitrarios en la administración pública, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, fue nuevamente beneficiado con un millonario sueldo en el Estado: tras ingresar en el Ministerio de Defensa en enero, ahora consiguió un ascenso como auditor en la cartera de Luis Petri, con una gran mejora salarial.
Se sabe que muchos trabajadores del Estado sostienen sus mismos puestos por décadas, pero en la era Milei, sostener un contrato en algún organismo oficial pende de un hilo. Sin embargo, esta situación no es para todos y todas, ya que el hermano de Adorni no tuvo esta dificultad.
El 1° de febrero, la noticia de que Francisco Jorge ocuparía un importante lugar como asesor en el Ministerio de Defensa (cartera conducida por la mano derecha de Patricia Bullrich, Luis Petri) causó mucho revuelo: es que durante la campaña electoral de Milei, los libertarios juraron y perjuraron que ningún familiar ni persona cercana a funcionarios asumirían puestos de relevancia en el gobierno.
Sin embargo, la tortilla se dio vuelta ni bien Milei asumió a su cargo: modificó una ley del ex presidente Mauricio Macri que obligaba a los funcionarios del Estado a no contratar personas de su familia o allegados. Una vez hecha trizas esa disposición, designó a su hermana Karina Milei nada más y nada menos que como secretaria general de la Presidencia.
El dato que más llama la atención es que el 1° de marzo, Francisco Jorge ganaba $ 2,6 millones por sus tareas como asesor del ministerio de Defensa y, en tiempo récord, pasará a ganar $ 4 millones por una nueva designación en el Estado.
La promoción de Adorni –que pasa a ocupar un cargo con rango de subsecretaría- está fechada el 26 de marzo último, y tiene como función auditar los procedimientos internos, una labor conjunta con la SIGEN que operará como una suerte de órgano extraministerial, pero bajo la órbita de Defensa.
No es un dato menor que este nombramiento fue cinco días antes del vencimiento de muchos contratos de trabajadores estatales y la semana previa al despido de empleados de planta, en algunos casos, con más de 30 años de antigüedad que el miércoles no pudieron ingresar a sus puestos.