Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor y principal operador judicial en las sombras de Mauricio Macri, finalmente logró -después de 1.247 días como prófugo-, que la jueza María Servini le conceda la exención de prisión, por lo que ya está en condiciones de volver al país sin riesgo de quedar detenido. Eso sí, como condición la magistrada le impuso el pago de una caución real de $ 3.120 millones.
El operador y cerebro de la siniestra Mesa Judicial que montó el gobierno de Cambiemos durante la presidencia de Mauricio Macri para perseguir a políticos, magistrados, fiscales y empresarios opositores, estaría cumpliendo el próximo 19 de mayo tres años desde que se lo declaró en rebeldía, tras haberse radicado en Uruguay, por lo que se pidió su captura internacional, en el marco de la causa en la que se lo investiga por amenazas y coacción a los dueños del Grupo Indalo, a quienes el gobierno de Mauricio Macri quería desapoderar de sus medios C5N y Radio 10, entre otros.
Para fijar la cifra de la fianza, Servini tuvo en cuenta “el tiempo prófugo, que tenía bienes en el país, había sido abogado de manera privada, funcionario público y que durante todo este tiempo estuvo inhibido y con los productos bancarios congelados y aun así pudo sustentarse en el exterior del país con lo que ello implica económicamente”. Apenas regrese al país, la jueza pondrá fecha a su indagatoria.
Además, se estableció que debe presentarse en el juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes, no puede salir del país, tiene que dejar su pasaporte en el juzgado y no puede ausentarse de su domicilio más de 24 horas sin previo aviso. Una vez que deposite la fianza, se dejará sin efecto el pedido de captura, precisó la jueza en su resolución de hoy.
Asimismo, Servini dejó sin efecto la inhibición general de bienes y el congelamiento bancario que pesaba sobre Rodríguez Simón desde el 19 de mayo de 2021.
El ex asesor de Macri presentó un escrito en el que señaló que como la situación del país había cambiado con la salida de Alberto Fernández del Gobierno y la llegada de Javier Milei al poder, entendía que ya no corría el peligro que lo hizo pedir asilo político en Uruguay. Ayer, el fiscal Guillermo Marijuan se había opuesto al pedido de Rodríguez Simón, pero la jueza discrepó con el dictamen del fiscal.
Por eso, ahora dice que está decidido a ponerse a derecho y aceptar la indagatoria porque la situación cambió y no cree estar en riesgo. Esto lo dice porque siempre alegó que fue un perseguido político del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, una condición que Uruguay no le reconoció, aunque su escrito sostiene lo contrario.
Según trascendió, la jueza tuvo tuvo en cuenta que el 19 de mayo próximo se cumplirían tres años desde su declaración de rebeldía. También su cambio de actitud, y que acceder a lo solicitado permitiría avanzar en el trámite del expediente, sobre todo en cuanto a su situación procesal, posibilitando que se cumpla con la declaración indagatoria. “Así como libremente se sustrajo del proceso, de manera voluntaria volvía a someterse a la misma jurisdicción de la cual se fugó”, dijeron en tribunales.
El 8 de diciembre de 2020 decidió irse del país para radicarse en Uruguay, a pesar de que no se hubiera dictado sobre él ninguna orden de detención, sino simplemente un llamado a indagatoria. Servini simplemente lo había llamado a indagatoria, pero el ex asesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía en mayo de 2021 y dictó una orden de captura.
Previo al pedido a Interpol para su detención y extradición en Argentina, Simón inició el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en ese país. La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado de 2022 y amplió la denuncia.