A poco de presentar el proyecto de ley en el Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a la carga con uno de sus caballitos de batalla: bajar la edad de imputabilidad. En esa dirección, no descartó bajarla a 12 años, al remarcar que se está analizando la mejor solución.
La funcionaria adelantó que evalúan si se impondrá en 14, 13 o 12 años, en base a la experiencia de países de la región en cada franja etaria. Asimismo, remarcó que buscarán la pena máxima para delitos de sangre, mientras que si el acusado comete un delito menor, la intención será lograr que “recapacite” y no vuelva a incurrirse en ilícitos.
“Estamos estudiando cómo ha impactado en la población”, agregó, y advirtió que el gobierno debe ceñirse a los convenios internacionales. De hecho, desde 2005, está en vigencia la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que hace de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño.
En Argentina -donde aún rige el régimen penal de Minoridad adoptado durante la última dictadura- los menores de 16 años no pueden ser juzgados, aunque sí pueden ser enviados a institutos penales. La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados miembros que establezcan una edad mínima por debajo de la cual se presume que los niños o las niñas no han infringido la ley penal. En el caso de Brasil, son los 12 años; en el de Uruguay son los 13.
Durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich promovió una baja de la edad a 15 años. No tuvo éxito. Entre otras organizaciones y expertos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) le respondió que bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad, sino que vulnera derechos.
Para Bullrich, “hay dos cosas: en los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad; porque si es un asesinato, tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa, si realmente hay conciencia del menor. En caso de delitos menores eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera, comentó la ministra en Radio Mitre, respecto al proyecto de ley que debería presentar el Ejecutivo en el Congreso si pretende avanzar en ese sentido.
De momento, aclaró que en la Argentina no se puede aplicar la metodología de darle una pena de adulto a quien cometa delitos de adulto debido a que lo impiden acuerdos firmados de carácter “supranacional”, que tienen rango constitucional. Esos tratados, según explicó, establecen “un tope” ante estas cuestiones.
“Lo estamos ordenando, además depende del delito. Hay delitos de sangre, donde nosotros queremos la máxima pena; hay delitos menores, donde uno puede tratar que el menor recapacite: [por ejemplo], un pequeño hurto”, detalló Bullrich.
Destacó que “ahí trataremos de que recapaciten. Así como en la teoría de las ventanas rotas de Estados Unidos, que comenzaban con un delito menor y se iniciaba un tratamiento especial para que no vuelvan a cometer el delito, en su momento fue muy exitoso. Luego eso se ablandó y volvió nuevamente el delito menor en Nueva York. Hay que tener una de cal y una de arena. A los que cometen delitos menores, tratar de que no cometan delitos mayores. Y a los que cometen un delito fuerte, de sangre, muy violento, esos tienen que tener una pena mucho más dura”.
La teoría a la que se refirió la ministra de Seguridad, nació de los científicos sociales James Wilson y George Kelling, y se hizo popular en la década del 90 en Nueva York. Establece que, si en un edificio hay una ventana rota y no se arregla, el resto termina igual; lo que implicaría que abordar los delitos menores ayuda a crear un clima que desincentiva el resto de las acciones ilegales.