Después del choque de trenes en la línea San Martín que se produjo el viernes en Palermo, y que dejó casi un centenar de heridos, el Gobierno nacional dispuso declarar la emergencia ferroviaria. Eso le permitirá disponer de la administración de fondos para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, como por ejemplo el robo de cables o los daños en la infraestructura.
En la Casa Rosada ya están confeccionando el decreto correspondiente que oficializará la medida, que, según admiten algunos funcionarios, “pedían desde hace un tiempo hasta los gremios ferroviarios”.
Y, a todas luces, esta medida bien podría ser la puerta de entrada o el punto de partida para que en el corto plazo se ponga en marcha el proceso de privatización del sistema ferroviario.
Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien no dio mayores precisiones acerca de qué hará la gestión de Javier Milei para mejorar la seguridad de las líneas ferroviarias, y el modo en que viajan los pasajeros. Eso sí, se encargó de endilgar culpas a las administraciones kirchneristas.
Aclaró que la decisión del Poder Ejecutivo no fue por causa del accidente ocurrido el sábado pasado en el barrio porteño de Palermo, sino que responde a una medida pautada dentro del plan de gestión “Nada tiene que ver con lo ocurrido en Palermo, sino simplemente que encontramos una red ferroviaria completamente devastada”, manifestó.
Durante el contacto con la prensa, el vocero remarcó que “en diciembre nos encontramos con una deuda en la gestión de los trenes de unos 100 millones de dólares”, y cuestionó al gobierno anterior: “Se ponía más énfasis en pintar un mural que en reparaciones, mantenimiento y el buen funcionamiento del sistema”, lanzó.
La falta de inversión en el sistema ferroviario por parte de Trenes Argentinos, empresa que hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, se refleja en que las transferencias del Tesoro a las empresas ferroviarias públicas tuvieron un recorte del 60% en los primeros cuatro meses de 2024, respecto del mismo período del año anterior, según el análisis presupuestario realizado por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La sociedad estatal que soportó el mayor ajuste en la gestión de Javier Milei fue la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con un 92% de reducción. Y, entre otras obras pendientes, está una licitación para la electrificación de la línea San Martín con un préstamo del BID, que sigue sin adjudicación.
Una semana antes del choque del viernes, desde Trenes Argentinos habían alertado a sus superiores sobre los problemas de la línea debido a las restricciones presupuestarias. El informe se remitió al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Patricio Gilligan, a la Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta y también a Mauricio González Botto, funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación que tiene a cargo el área donde se analiza la situación de cada una de las empresas estatales que el Gobierno tiene previsto dejar en manos privadas.
Es sabido que por la falta de fondos se complicó el arreglo del material rodante, se frenaron licitaciones como la que iba a servir para renovar locomotoras en el San Martín, y se paralizó la compra de insumos e incluso la contratación de servicios médicos que iban a servir para atender a los pasajeros y a los empleados de servicios de seguridad en trenes y estaciones, entre otros.
Un dato no menor es que en la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) -que se ocupa del mantenimiento y de las tareas de infraestructura- hubo más de 100 despidos en marzo. SOFSE, con un recorte del 56%, fue una de las ramas de Ferrocarriles Argentinos más afectada. Es la empresa que debe garantizar el funcionamiento de las líneas de pasajeros.
La intención del Gobierno de Javier Milei, más allá de la administración de fondos para contingencias -que es lo que habilita la emergencia ferroviaria-, es que en el futuro el servicio de trenes pase a manos privadas, así como muchas otras empresas estatales, tal como se está discutiendo a través de la Ley Bases en el Congreso. El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a esa posibilidad el viernes pasado, tras el accidente en Palermo.
“La situación de los ferrocarriles en general no es buena, habrá que analizarlo. La necesidad de participación y control privado es importante. Está a las claras que la situación de los ferrocarriles en general es mala por el servicio que se presta, por cuestiones de seguridad. Es un tema que tenemos que rever los argentinos, el estado de las vías, de la señalización, uno lo viene escuchando hace muchos años”, señaló.