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La Plata
2 julio, 2024
PAÍS

Reparto de alimentos: la Justicia falló contra el Gobierno, y le dio la razón a Juan Grabois

Después de la escandalosa audiencia protagonizada ayer por la subsecretaria Legal del ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el dirigente social Juan Grabois, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó esta tarde la decisión del juez Sebastián Casanello que había ordenado un plan de inmediata distribución de 5.000 toneladas de alimentos que estaban bajo resguardo.

De esta manera, se confirma el reciente fallo del juez Sebastián Casanello, por lo que el Gobierno deberá informar el stock de alimentos que tiene almacenados, con la advertencia de que esa distribución debe poder ser de ejecución “inmediata”.

El tribunal porteño confirmó de manera unánime la medida cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello que impuso al Ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, y el cronograma de su entrega.

Apenas se conoció la resolución, Grabois exteriorizó su satisfacción en las redes sociales: Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa”.

Casanello dictó su fallo el lunes de la semana pasada y el Gobierno lo apeló, acusando al magistrado de “violar la división de poderes”, sobrepasar su jurisdicción y dictaminar sobre una “política de Estado no justiciable”.

Ninguno de estos argumentos fue convalidado por los camaristas, quienes en su fallo le dieron la razón a Casanello.

Ayer, la Cámara llevó adelante una audiencia con las partes -para escucharlas antes de la decisión que tomó hoy- y en esa reunión Grabois, que es el denunciante, se cruzó con Gianni, la funcionaria de Capital Humano que representaba a la ministra Sandra Pettovello. Fue una audiencia plagada de interrupciones, discursos políticos y cuestionamientos a los camaristas.

En su fallo de hoy, los jueces hicieron un llamado de atención sobre las conductas de los dos y los denunciaron ante el Colegio Público de Abogados -los dos son abogados- y ante el Ministerio de Capital Humano, donde Gianni es secretaria legal.

Los camaristas dispusieron, por mayoría, “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Grabois y Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.

El juez Martín Irurzun afirmó, en referencia al fallo de Casanello que confirmaron: “La decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado: no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.

Y advirtió que los alimentos en juego -por su naturaleza y por la crisis alimentaria- “exigieron acciones rápidas para evitar que el devenir procesal del expediente torne imposible su posterior utilización”.

Por su lado, el juez Eduardo Farah entendió que la medida cautelar “puso el acento en expresas previsiones de uno de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que resultan de aplicación al caso por existir en el país una situación de pobreza de alcances significativos y por haberse demostrado la existencia de numerosos alimentos adquiridos y almacenados para ser destinados a paliar aquella situación”.

En tanto, la fiscal del caso, Paloma Ochoa, le había pedido originalmente a Casanello que ordenara directamente el reparto de la comida. Hoy, el voto de Irurzun cuestionó la intervención de la fiscalía. El camarista reclamó “circunscribir las acciones que se adoptan en la causa al concreto objeto de investigación, debiendo apuntarse que el escenario indiciario aún se presenta incierto en razón de que la fiscalía no se ha enfocado en esclarecer los hechos sino en establecer si se atienden las demandas de entrega de alimentos”.

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