El Gobierno logró una muy costosa sanción de la Ley Bases en el Senado, en una votación empatada en 36 que definió la vicepresidenta Victoria Villarruel. Para alcanzar ese objetivo, debió realizar decenas de cambios al texto original que llegó de Diputados, cámara que ahora deberá refrendar las modificaciones. La votación se dio en el contexto de una represión brutal desatada en los alrededores del Congreso.
El hecho es que después de no pocas idas y vueltas, el proyecto sufrió muchas transformaciones desde aquel primer texto original, que incluía 664 artículos, y que fue rebotado a comienzos de año. Para esta ocasión, la iniciativa llegó al recinto de la Cámara alta con tan solo 232 artículos, en su versión general.
En tanto, tras aprobar la Ley Bases, el Senado le dio luz verde en la madrugada de este jueves al paquete fiscal: con nuevas modificaciones cedidas por el Ejecutivo se aprobó un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva, por unanimidad. Pero el oficialismo sufrió un duro revés cuando se le cayó el capítulo del Impuesto a la Ganancias y Bienes Personales.
De todas maneras, y más allá de que terminó siendo una versión deshilachada, se convirtió en el “primer triunfo” de la gestión de Javier Milei en el Congreso Nacional, que hasta el momento solo se destacó por un brutal ajuste, enfrentamientos diplomáticos y mediáticos, y el incumplimiento de varias de sus promesas de campaña.
Entre los cambios que se encuentran entre los 10 títulos que dividen la ley, están la declaración de emergencia, la concesión de las facultades delegadas, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), reformas laborales y cambios previsionales.
Con el objetivo de lograr la aprobación, se hicieron cambios de última hora cuando arrancó la sesión: se aceptó mantener como empresas públicas a Aerolíneas Argentinas, Correo oficial y Radio y Televisión Pública, sostener la moratoria previsional y activar las obras públicas que se realizaron hasta en un 80%.
También se incluyeron nuevos organismos que no se podrán disolver, como la Comisión de Energía Atómica y los entes vinculados a la cultura, así como el financiamiento para cumplir del Plan Nacional de Ciencia 2030.
Así, la sanción de la Ley Bases resulta clave para la gobernabilidad de Javier Milei: los famosos mercados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la política estaban esperando ver si el Gobierno era capaz de convertir en leyes las reformas que plantea para la Argentina.
Fue evidente que, para alcanzar este resultado, el Gobierno cambió por completo el abordaje que mostró en Diputados: de insultar y mandar los trolls contra los cambios que le planteaban los aliados, pasó a repartir embajadas, represas, rotondas y autorizaciones para tomar deuda, al mejor estilo de la política tradicional.
En cuanto al paquete fiscal, cuyo tratamiento llegó a su fin pasadas las 7.30 de esta mañana, la reversión de Ganancias tuvo 41 rechazos y solo 31 votos afirmativos. El texto fijaba que el impuesto vuelva a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros, y de $2,2 millones para casados. La actualización, por inflación, se fijaba para septiembre de este año, y a partir del año que viene cada seis meses.
El título de Bienes Personales también fue rechazado. El texto del oficialismo planteaba una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar Bienes Personales y una disminución en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible subía de $ 27 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar iba a pasar de $ 56 a $ 350 millones.
Pero la votación salió rechazada para sorpresa del oficialismo, que no lo esperaba. Hubo 37 votos en contra y 35 a favor. Además de los 33 legisladores de Unión por la Patria, votaron en contra los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, el radical Martín Lousteau y la rionegrina Mónica Silva.
Para la votación, no fue necesario que Victoria Villarruel desempatara. Ni siquiera condujo el debate porque como el presidente Javier Milei partió rumbo al G7 entrada la madrugada, ella quedó a cargo del Ejecutivo. El debate fiscal lo llevó adelante el presidente provisional, el libertario puntano Bartolomé Abdala.
El senador Daniel Bensusán explicó el rechazo de la bancada de Unión por la Patria: “Después de todas las modificaciones que se hicieron el impacto de este paquete fiscal es negativo. No hay un beneficio real en la coparticipación para las provincias. Empobrece aún más a los trabajadores y enriquece a los poderosos”, lanzó.
Mientras, el blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta 100.000 dólares sin pagar el impuesto especial. Para montos más altos, contempla alícuotas progresivas del 5 % hasta el 15 %. Se aprobó por unanimidad: 72 votos a favor.
Antes, se anunciaron numerosos cambios. Entre ellos, dos pedidos por la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri: se eliminó el artículo que permitía blanquear a los extranjeros y también todos los artículos ligados al “blanqueo de inmuebles a nombres de terceros”, que la legisladora decía que beneficiaba a los testaferros.