La obsesión del Gobierno de Javier Milei por el déficit cero, no hace más que demostrar que el modelo de libertad que sostiene, arrasa sin criterio con organismos fundamentales del Estado, hasta incumplir con acuerdos internacionales para combatir un delito que, como la trata de personas, no distingue ideologías.
Todo indica que la desaparición en Corrientes de Loan, el niño de 5 años cuyo paradero se desconoce desde hace 12 días, viene a chocar en la cara del Gobierno que se autodenomina libertario, pero que por acción (desmantelamiento) u omisión (abandono), en la práctica no hace más que apoyar delitos de privación y continuar revictimizando.
El caso del pequeño, que genera una fuerte conmoción nacional, no es casual que ocurra en este marco de desmantelamiento por parte del Gobierno de Milei, en cuanto al abandono de las políticas públicas para prevenir la trata de personas y acompañar a las víctimas de ese delito, y evitar que haya “zonas liberadas”.
La desaparición de Loan vuelve a emerger reclamos por la falta de políticas públicas de promoción de derechos de infancias y adolescencias. Y en esa dirección, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UxP) lo describió como un debilitamiento de las políticas contra la trata, por lo que acusó al presidente de “destruir” estas políticas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 195, publicado el pasado 26 de febrero.
Aquel DNU dispuso que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas pasen a depender del Ministerio de Seguridad, actualmente comandado por Patricia Bullrich. Según Toniolli, “desde ese momento todas las políticas del área fueron degradadas”.
Agregó también que el decreto “cesanteó a 30 trabajadores de la Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 – Programa Nacional de Rescate (PNR), que hoy atiende con el 50% del personal necesario para su funcionamiento”, y aseveró que “se cortaron todas las acciones de coordinación con otros niveles y poderes del Estado, y con países limítrofes”.
En esa línea, destacó la labor de gestiones anteriores, y manifestó: “A contramano de lo que venía haciendo la Argentina en la materia, desde el 26 de febrero la elaboración de políticas públicas en materia de trata es abordada desde una perspectiva meramente policial, excluyendo el resto de las dimensiones que la problemática requiere para su abordaje”.
Si bien Patricia Bullrich construye una imagen heroica en su rol de ministra, lo cierto es que no parece existir un interés ni una estrategia real por combatir este tipo de delitos complejos, ni de asistir a las víctimas.
Por su parte, el ex director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata hasta el 16 de marzo, Gustavo Vera, precisó que ese organismo “estaba conformado por cinco ministerios y tenía una dirección operativa, con un delegado o delegada por provincia. Cada uno de esos delegados cumplía una función múltiple: por un lado, articulaba las mesas interinstitucionales entre los gobiernos provinciales, los organismos del Estado Nacional, y el Poder Judicial, para generar mayor sinergia, trabajo en red y multi control, sobre todo de que no haya zonas liberadas”, explicó Vera, presidente de la Fundación La Alameda, con larga trayectoria en la lucha contra la trata, el trabajo esclavo y la explotación infantil.
A mediados de marzo, Vera había denunciado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de los deberes de funcionario público -misma denuncia que recayó sobre la funcionaria por el no reparto de alimentos- por no atender a 130 víctimas ubicadas en distintos puntos del país. Debido a la denuncia, Vera fue cesanteado por Patricia Bullrich.
Según datos oficiales, hasta el año pasado Argentina era uno de los países que lideraba la lucha contra la trata, con 5000 personas rescatadas entre 2020 y 2023, elaborando y ejecutando planes bienales. Sin embargo, con la degradación y vaciamiento de los organismos de los dispositivos de lucha contra la trata y la explotación sexual, eso corre peligro.