El Gobierno se muestra confiado en que podrá alcanzar en el Senado un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar el proyecto de ley que aprobó Diputados y que reconoce un incremento del 8,1% en las jubilaciones, entre otras medidas.
De esta manera, evitaría la dura señal política de que el Congreso sancione una ley con los dos tercios en ambas cámaras, una mayoría que permitiría neutralizar el eventual veto del Poder Ejecutivo que ya anticipó que aplicará Javier Milei.
Mientras, el oficialismo en la Cámara alta ya logró postergar hasta la primera semana de agosto el tratamiento de la iniciativa. Recién para el próximo mes se espera que las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda vuelvan a reunirse para discutir el texto.
La idea es que el texto llegue al recinto en la segunda semana de agosto y, lo más importante, con modificaciones al texto aprobado por Diputados, lo que obligaría a la iniciativa a volver en segunda revisión a esa cámara.
De cumplirse esos plazos, habrán pasado más de dos meses desde aquel 4 de junio último, cuando una alianza circunstancial de radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y bloques menores le asestó un duro golpe a La Libertad Avanza (LLA) al aprobar el proyecto con el voto de más de los dos tercios de los presentes.
En tanto, desde hace dos semanas el Gobierno viene negociando con el sector dialoguista de la UCR y el Pro para que acepten introducirle modificaciones al proyecto. El objetivo es mantener el aumento del 8,1%, una compensación por la inflación de enero que no reconoció el Poder Ejecutivo al decidir por decreto el aumento para el sector pasivo. Además, la nueva versión podría incluir una nueva fórmula de actualización que contemple la inflación y recupere los castigados ingresos de los jubilados.
La gran dificultad que encuentra por ahora un acuerdo es la resistencia de algunos sectores de la UCR que consideran urgente darle una recomposición al sector pasivo. Este grupo lo encabeza Martín Lousteau (Capital), quien encuentra compañía en sus correligionarios Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), siempre atentos a no resignar lo que consideran una de las banderas del centenario partido.
El hecho es que, tanto en el radicalismo como en el Pro, reconocen que los diputados “se excedieron” en el proyecto que aprobaron, ya que avanza en un tema delicado como obligar al Estado a financiar los sistemas jubilatorios provinciales que no fueron transferidos, lo que podría llegar a provocar un agujero fiscal al Gobierno.
Además, establece que los haberes no podrán estar por debajo del 9% del costo de la canasta básica, otra medida que podría eliminarse de la iniciativa con la intención de evitar el veto del Poder Ejecutivo.