Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor y principal operador judicial en las sombras de Mauricio Macri, que a pesar de que lleva más de 1.300 días como prófugo de la Justicia, está a un paso de regresar a la Argentina sin ser detenido.
En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de tres camaristas designados allí por el ex presidente, rechazó la queja interpuesta por los abogados de uno de los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa, y dejó firme la exención de prisión que pidió Pepín y que otorgó la jueza María Servini bajo una caución real de $3.120.000.000 y la imposición de una serie de obligaciones procesales. Es decir que si Rodríguez Simón cancela la fianza fijada, ya estará en condiciones de volver al país.
La jueza Servini había hecho lugar en mayo a que el abogado retorne a la Argentina sin ser detenido para poder avanzar con su indagatoria en un caso de persecución judicial contra los dueños del Grupo Indalo del que Pepín fue protagonista durante el macrismo. Ese llamado a indagatoria fue el que motivó la fuga del ex asesor de Macri, quien lleva casi 3 años prófugo en Uruguay donde nunca consiguió que lo consideraron un refugiado político.
La decisión de Servini, que fue cuestionada por el fiscal Guillermo Marijuan, fue ratificada a fines de mayo pasado por la Cámara Federal porteña con el voto de otros dos jueces designados por Macri: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Martín Irurzun había votado en disidencia, al manifestarse en contra de conceder la exención de prisión.
La decisión mayoritaria de la Cámara porteña fue cuestionada por los representantes legales de De Sousa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, querellantes en esta causa en que se investiga la extorsión a los dueños del Grupo Indalo por parte del gobierno de Macri. Beraldi y Llernovoy recurrieron a la Casación para intentar revertir que el prófugo Rodríguez Simón pueda volver al país sin ser detenido, pero en las últimas horas la Casación rechazó su planteo.
Los camaristas Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone coincidieron en rechazar la queja presentada por la querella. Mahiques y Carbajo votaron de forma conjunta. Recurrieron a una formalidad, y sostuvieron “que no se observa la existencia de cuestión federal suficiente o la verificación de un supuesto de arbitrariedad” por lo “que debe rechazarse la queja interpuesta, con costas”.
La decisión de Casación deja firme lo resuelto por Servini, por lo que si Pepín cancela la fianza fijada en primera instancia (que oscila entre los 2,3 y 3,2 millones de dólares, según qué modalidad de la divisa se tome) puede volver al país sin problemas. Si lo hace, Rodríguez Simón deberá también cumplir las medidas procesales que ordenó la jueza, que incluyen comparecer en el juzgado una vez por mes, dar aviso al tribunal si se ausenta más de 24 horas de su domicilio y la prohibición de la salida del país.
Cumplida con la caución, la jueza da de baja el pedido de captura nacional e internacional y la inhibición general de bienes, así como el congelamiento bancario que pesaba sobre el asesor de Macri. Vale resaltar que ninguna de estas dos últimas medidas económicas obstaculizó que el operador macrista pudiera solventarse la vida en Uruguay por casi tres años.