El asesinato de la madre de un militante de HIJOS, acompañado de mensajes de odio, se suma a la visita de un grupo de legisladores libertarios a los genocidas que cumplen prisión en la cárcel de Ezeiza por crímenes de lesa humanidad.
El violento asesinato de Susana Montoya, de 74 años, viuda de un militante del ERP secuestrado y desaparecido en 1979, conmocionó al país. En su cuerpo dejaron un mensaje que recuerda los peores años oscuros: “Los vamos a matar a todos”. Su hijo fue amenazado en diciembre pasado, a pocos días de la asunción de Javier Milei, con esvásticas, balas y carteles pegados en la puerta de su casa.
La visita de los diputados libertarios a los genocidas se enmarca en el pedido de excarcelación de los mayores de 70 años para que pasen el resto de las condenas con arresto domiciliario. Los abogados de los genocidas intentaron, poco tiempo después de la asunción de Milei y Villarruel, que la Justicia les diera la razón, pero Casación rechazó el pedido. De allí que los detenidos busquen algún apoyo político del gobierno para obtener el arresto en sus casas.
Susana era la madre de Fernando Albareda, militante de la agrupación HIJOS, y viuda del subcomisario y militante del ERP, Ricardo Fermín Albareda, quien fue secuestrado en septiembre de 1979 por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia mediterránea, y que aún hoy permanece desaparecido. Junto al cuerpo de Montoya, los investigadores encontraron un mensaje amenazante en la pared de la vivienda: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policía”, escribieron con pintura roja.
Al mismo tiempo, Fernando, el hijo de Susana, recibió amenazas de muerte en diciembre pasado, a pocos días de la asunción de Javier Milei como presidente. Estas incluían carteles con esvásticas nazis, proyectiles de armas de fuego y carteles pegados en la puerta de su casa con mensajes más que intimidatorios: “Te vamos a juntar con tu papito”, “Sos hijo de terrorista”, “Se te terminaron los amigos”, “No vayas más a la escuela ni a la jefatura. Vas a morir”.
Los organismos de Derechos Humanos publicaron un duro documento, pidiendo esclarecer el hecho y denunciando los discursos de odio tan comunes desde que asumió un gobierno de extrema derecha.
El comunicado señala: “Desde los organismos de DDHH de Córdoba, nos encontramos consternados y ocupados por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S Córdoba, ocurrido este último viernes, y las amenazas que cobardemente dejaron dirigidas a toda su familia, donde firmaban #Policía”.
Y continúa: “Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex centro clandestino de detención conocido como ‘Casa de Hidráulica’. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la ‘Causa Albareda’)”.
“Exigimos a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, así como también de las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad. Exigimos la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”, añade.
Y cierra: “Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. Ya dijimos nunca más”.