Los seis diputados que recientemente visitaron a genocidas y represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza, fueron denunciados penalmente en las últimas horas, en una presentación que involucra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsable del Servicio Penitenciario Federal, ya que se negó a aportar información sobre quiénes participaron de la vergonzante “visita humanitaria”.
Se trata de un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza (LLA) compuesto por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, quienes visitaron a los genocidas el 11 de julio último.
El traslado hasta la Unidad 31 de Ezeiza se produjo en una camioneta oficial de la Cámara de Diputados, y no solo generó tensiones dentro del bloque libertario, sino que dejó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) envuelto en el escándalo.
Es que las explicaciones que ofreció el organismo a cargo de la ministra Bullrich incluyeron oficios en los que evitaban nombrar a los implicados en la visita, y respuestas que incluían a diputados que ni siquiera habían entrado en la cárcel.
En este contexto, el juez Daniel Obligado (del Tribunal Oral Federal 5) decidió presentar una denuncia ante la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza, y que quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak.
Tras conocerse la excusión a Ezeiza, el juez Alejandro Slokar, quien coordina la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, ordenó a Obligado a iniciar una investigación sobre el hecho.
Sin embargo, cuando el magistrado solicitó a Bullrich los informes correspondientes de forma urgente, la funcionaria esperó casi una semana antes de responder. En paralelo, se pronunció en los medios de comunicación a favor de los diputados libertarios. La ministra también atacó a Slokar, acusándolo de no tener la “misma vara” para todos.
La respuesta finalmente llegó al TOF 5, aunque sin las firmas de Bullrich ni de Fernando Martínez, el titular del SPF. Martínez intentó mantenerse fuera del radar luego de que Benedit lo calificara como un “excelente colaborador” en un chat filtrado.
Los chats filtrados también revelaron que el diputado entrerriano reivindicaba el viaje y apuntaba a profundizar los vínculos con los genocidas. Además, ya había realizado varias visitas a la Unidad 31 y la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Quien se encargó de responder al Poder Judicial fue el subdirector penitenciario, Diego Morel, quien se limitó a decir que los diputados habían cumplido con las normativas pertinentes al visitar el penal, aunque evitó dar nombres.
Entre tanto, la situación derivó en un pedido del abogado querellante Pablo Llonto, que fue respaldado por el fiscal Félix Crous. Ambos apuntaron a las declaraciones de Arrieta y Bonacci, que habían asegurado ser engañadas, que implicarían una violación de lo establecido en el decreto 1136/97.
Dicha normativa indica que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta.
En otras palabras, el detenido debe estar al tanto de quién quiere visitarlo y consentir a la visita. Esto implica que si ninguna de ellas sabía a quiénes visitarían, no podrían haber pedido la autorización para la visita.
En el Poder Judicial también sospecharon que se podría haber violado el artículo 109 del decreto, en el que se indica que los funcionarios públicos deben acreditar los motivos de sus visitas a establecimientos penitenciarios. La imposibilidad de presentar esta documentación pone en falta a los integrantes del SPF.
En este marco, Obligado decidió elevar una denuncia ante la justicia federal de Lomas de Zamora.
En tanto, Bullrich, al referirse a la reunión entre diputados y genocidas, planteó la necesidad de discutir sobre la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad.
“El tema en este sentido es la igualdad ante la ley. Es decir, a los 70 años las personas que están condenadas y que han cometido todo tipo de delitos, asesinatos, crímenes de todo tipo, pueden salir”, comentó en una conferencia de prensa, y agregó que “en el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel”.
“Ahora, a mí me toca administrar la cárcel. Me parece que una cosa es cumplir con una condena y otra cosa es infligir a esa condena una situación de extrema gravedad, como es tener una persona con un cáncer terminal en una cárcel. Me parece que es un tema que hay que pensarlo”, completó.