Todos los indicios apuntan a que la oposición en el Congreso unirá filas para imponerle límites al Gobierno con dos acciones de fuerte impacto político: en un clima de indisimulable tirantez y desconfianza con el oficialismo, la cámara de Diputados se prepara para rechazar el decreto presidencial por el cual aumentó en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Y por otro lado, en el Senado buscará convertir en ley una nueva fórmula de actualización de jubilaciones, la cual es vista por la gestión libertaria como una seria amenaza al equilibrio fiscal.
En minoría en ambas cámaras, La Libertad Avanza (LLA) solo cuenta (todavía) con sus aliados de Pro y difícilmente logren resistir la embestida de la oposición, decidida a incomodar al Gobierno forzándolo a vetar una ley que busca evitar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones mientras, en simultáneo, impulsa un aumento sideral de los gastos reservados para inteligencia, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público, al cual contribuyó en buena parte la licuación de los ingresos jubilatorios.
En la Cámara de Diputados, la ofensiva opositora tiene como telón de fondo, además, el malestar creciente de un amplio sector de la oposición dialoguista con el presidente del cuerpo, Martín Menem. Síntoma de ese malestar fue la sesión fallida del miércoles pasado, luego de que el bloque que comanda Miguel Pichetto no bajara al recinto.
“El oficialismo quiere imponer su agenda, no le abre el juego a los proyectos de la oposición –reprochan en las filas de Pichetto–. Tampoco conforma las comisiones bicamerales de control porque las quiere presidir a todas. Actúa como si fuese un mandamás con mayoría en ambas cámaras: no parecen entender que es minoría y que debe sentarse a acordar”.
Los diputados más comprometidos con hacer caer el DNU de los fondos reservados ya tienen un poroteo tentativo. Contabilizan 134 voluntades, es decir, cinco votos por encima del quórum reglamentario.
Desde el radicalismo proponen otra sesión especial para actualizar el presupuesto de las universidades, tanto sus gastos de funcionamiento como las partidas salariales de docentes y no docentes. Denuncian que en estos ocho meses los sueldos de ese sector perdieron un 45% de su nivel adquisitivo.
A esta ofensiva se suma otra convocatoria a sesión, motorizada por una quincena de diputados de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y del radicalismo, para rechazar el DNU que incrementa en $100.000 millones los gastos reservados de la SIDE. El oficialismo está en problemas: el grueso del bloque de la UCR está dispuesto a bajar al recinto, por lo que el rechazo sería un hecho en la Cámara de Diputados. Faltaría que la oposición en el Senado actuara en sintonía –lo que también sería un hecho– para dejarlo sin efecto.
“El Gobierno se equivocó al aumentar los gastos reservados de la SIDE con un DNU. Viola la ley de inteligencia, la de acceso a la información pública y la de administración financiera. Emitimos un documento en el que expresamos nuestra preocupación porque, al ser reservados, no se rinden cuentas sobre esos fondos. Reclamamos que este tema se discuta en las comisiones bicamerales correspondientes, pero el oficialismo no hace otra cosa que demorar el tratamiento. No nos dejan otra alternativa que votar por el rechazo”, planteó Karina Banfi, vicejefa del bloque radical.
El radicalismo fue también el promotor, en la Cámara de Diputados, del proyecto que establece una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Su media sanción, en junio pasado, desató una fuerte preocupación en el Gobierno por su impacto fiscal, por lo que inició urgentes negociaciones con los opositores dialoguistas en el Senado para modificar la iniciativa e intentar amortiguar el golpe.
La estrategia consistió en que la iniciativa retornara a la Cámara baja para evitarle al presidente Milei el costo político de vetar una ley que beneficia a los jubilados. En las negociaciones habían conseguido que De Loredo y su tropa dialoguista, incómodos con el mote de “degenerados fiscales” que les endilgó el presidente, se comprometieran a receptar esas modificaciones a cambio de que el oficialismo garantice en la ley un aumento compensatorio a los jubilados del 8,1% y que el valor de los haberes sea equivalente a 1,09 de la canasta básica total por adulto.
De producirse este desenlace en el Senado, Milei se verá forzado a vetar (total o parcialmente) la norma, tal como prometió. El peligro, sin embargo, no desaparecería: con dos tercios de los votos en ambas cámaras, la oposición podría rechazar ese veto y asestarle al Gobierno un golpe aún más contundente.