El Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, dio este lunes un paso más en la flexibilización laboral, al eliminar la protección de los empleados públicos, de los que, a partir de ahora, el Estado podrá disponer a su antojo.
A través de un decreto saltea los límites que impone la normativa laboral, por lo que tendrá las manos libres para cambiar de puesto, horario y, por ende, salario de los empleados del sector público. Los cambios flexibilizadores quedaron ratificados por la Resolución 1 del flamante ministerio.
La medida justifica la flexibilización en que su aplicación permitirá un régimen “de estabilidad propia en virtud de leyes o estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo”. La resolución establece así “el ‘Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad’ aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción de dotación óptima necesaria”.
Concretamente, el capítulo IV del anexo introduce cambios significativos en el empleo público, entre los que se encuentran: la implementación de una evaluación obligatoria para el ingreso y promoción en la Administración Pública Nacional (APN), nuevos procesos de selección, regulación de contrataciones temporales, y modificaciones en las sanciones disciplinarias, entre otras. En síntesis: flexibilización en las relaciones laborales que incluyen sanciones disciplinarias, disponibilidad de los trabajadores, despidos y suspensiones.
Según indicó el propio Sturzenegger días atrás en su cuenta de X, el decreto tiene como objetivo “implementar un mecanismo anti-ñoquis” en el empleo público. “Se modifica la Ley de Empleo Público Nº 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado”, sostuvo.
De acuerdo con el anexo incluido en la medida, con el detalle de su aplicación, la “disponibilidad” alcanza “al personal de planta permanente comprendido en la Ley N° 25.164 con estabilidad adquirida, que resultare afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, o de reducción por encontrarse excedida la dotación óptima necesaria conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia”.
Al respecto, aclararon que “en estos casos, de ser necesario, el organismo realizará las adaptaciones técnicas, normativas y tecnológicas necesarias para su implementación”. La medida adelanta que, el titular de la unidad a cargo de las acciones de personal de la Jurisdicción u Organismo afectado (del recorte) o del que se establezca como responsable administrativo y disciplinario, de nivel no inferior a Director General o equivalente deberá “identificar al personal que se encontrase a la fecha en que opere la medida de supresión o reducción bajo tutela sindical y al personal amparado por las Leyes Nros. 22.431 y 23.109 y asignarle funciones, de lo que deberá dar cuenta a la autoridad de aplicación”.
También podrá intimar al personal que se encuentre en condiciones de jubilarse a la fecha en que opere la medida de supresión o reducción, y reubicar transitoriamente a los agentes afectados que alcancen dichas condiciones dentro de los 12 meses posteriores. Estos serán “intimados a iniciar sus trámites jubilatorios respectivos a medida que reúnan las condiciones”.
En los casos en que se trate de la supresión de un organismo completo, el acto administrativo que la disponga deberá consignar, además, la Jurisdicción u Organismo que se convertirá en el responsable administrativo y disciplinario de la dotación del organismo suprimido.
En tanto, una vez operada la supresión de organismos, dependencias o funciones o reducción del personal, la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo afectado deberá –dentro de los cinco días hábiles posteriores—dictar un acto administrativo con la nómina de personal que queda en situación de disponibilidad como consecuencia de ello.
Cabe destacar que el gobierno de Javier Milei redujo en 28.138 la cantidad de empleados públicos entre el 31 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024, según datos del INDEC. Y la Administración Pública Nacional (APN) fue la más afectada, con 18.540 empleados menos, seguida por las empresas y sociedades del Estado, con una reducción de 9.598 trabajadores.