En Argentina muere una persona en situación de calle cada dos días y medio, la mayoría en grandes centros urbanos, aunque es una situación que también se da en ciudades más pequeñas. Las causas tienen que ver con las condiciones climáticas, pero también con problemas estructurales como falta de atención médica y con hechos de violencia social. Además, los casos de violencia institucional aumentaron un 500% en el último año.
Según el Registro Unificado de Violencias hacia personas en situación de calle (RUV), entre agosto de 2023 y agosto de 2024 fallecieron 135 personas sin techo en todo el país: 33 en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en la Provincia de Buenos Aires, 19 en Salta y 11 en Santa Fe. El RUV es un indicador anual realizado por el equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Asamblea Popular por los Derechos de las PSC en base a publicaciones en los medios de comunicación de todo el país y a reportes de organizaciones sociales que trabajan en la calle.
La mayoría de las muertes tiene que ver con causas estructurales propias de vivir a la intemperie, como la mala alimentación, y también hay casos de personas que murieron de frío o de calor durante los picos de temperatura extrema. Pero hay situaciones más crueles en donde fueron asesinadas con disparos o que fallecieron después de quedar heridas tras el incendio intencional de sus pertenencias. De las 135 muertes solo se pudieron identificar a 82 personas con sus nombres.
En un excelente trabajo realizado por Celeste del Bianco para DiarioAR se explica que si se compara con los registros anteriores, la cantidad de fallecidos se mantiene similar a la de 2023 cuando se registraron 146, pero es casi el doble de las 70 que murieron en el 2022. “Es consecuencia de las violencias estructurales y de la falta de acceso a sus derechos: a la salud, a la alimentación, a un espacio para higienizarse, al alojamiento. Las personas que se acercan a nuestras organizaciones nos manifiestan que quieren ingresar a un dispositivo de alojamiento y cuando llamamos al móvil nos dicen que no hay vacantes. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay plazas disponibles para las personas en situación de calle”, explica Paola Vázquez, referente de Abrigar Derechos y miembro de la Asamblea Popular.
Otro de los datos preocupantes del informe tiene que ver con el aumento de la violencia institucional: se pasó de 17 casos en el 2023 a 104 en 2024, un aumento del 500%.
“En muchos casos tiene que ver con desplazamientos forzados de los que participan funcionarios gubernamentales, a veces con fuerzas de seguridad, otras con personal de limpieza o la misma red de atención en calle. Vemos situaciones sumamente crudas donde no solo mueven a la persona sino que les sacan sus pertenencias, también los DNI, y muchas veces, lo poco que tienen lo pasan por la trituradora del basurero”, describe Milena Sapey, psicóloga e investigadora de la UBA.
La mayoría de los casos de violencia institucional registrados son en la Ciudad de Buenos Aires y las investigadoras lo vinculan con la existencia de una unidad gubernamental dedicada específicamente a “limpiar” la calle dentro del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “No es que solo ocurre en la Ciudad, pero vemos que está sistematizado”, agrega Sapey.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad porteño muestran un crecimiento de las causas iniciadas por contravenciones por portación de armas no convencionales en la vía pública (como cuchillos o navajas para cortar cartones): se pasó de 300 en el 2021 a 400 en el 2023 durante la gestión de Jorge Macri.
“Todos los días les damos frazadas y no les duran ni 24 horas porque, en zonas como Congreso, los operativos son diarios. Les requisan las pertenencias, y les sacan los cuchillos que usan para comer o para cartonear. Nos pasó con un compañero al que le habíamos dado unas latas de paté para que coma y, cuando pasamos por la plaza, vimos diez policías y dos patrulleros alrededor de él porque estaba comiendo un paté con un cuchillo para untar. Eso pasa todo el tiempo”, relata Vázquez.
De los 320 casos de violencia a los que se ven expuestas las personas en situación de calle de todo el país, casi un tercio (104) fueron realizados por fuerzas de seguridad o funcionarios públicos, el resto tiene que ver con violencia estructural (121) y violencia social (95). Las cifras indican que padecen alguna agresión cada 27 horas, un 37% más que el año pasado. Las organizaciones reportaron casos de disparos con balas de goma, quema de pertenencias y golpes para que se corran de la vereda, entre otros.
“Lo que vemos es un giro discursivo en las notas periodísticas hacia un pensamiento más de derecha, posicionar a las personas en situación de calle como un ´otro´ peligroso. Cuando aparece la policía se presentan los casos como en defensa de los vecinos, hay una cuestión discursiva para marcar quiénes son vecinos y quiénes no”, explica Sapey. Entre las jurisdicciones con mayor casos de violencia en general están CABA, PBA, Santa Fe, Salta, Córdoba, Jujuy y Entre Ríos. “Los discursos también legitiman determinadas acciones y hacen que surjan casos de mayor crueldad, que se pierda la empatía con un ´otro´ que está sufriendo”, agrega la investigadora.
No existe un registro unificado de personas en situación de calle a nivel nacional, el último dato es el del Censo 2022, que contabilizó a 2.962 personas en 75 departamentos del país, una cifra que quedó desactualizada si se la contrasta, por ejemplo, con los datos oficiales de CABA. Según el Gobierno porteño, hay 3.560 personas que no tienen techo, lo que muestra un aumento del 14% entre abril de 2023 y 2024. Sin embargo, el segundo censo popular, realizado por diversas organizaciones sociales, relevó 8.028 personas para diciembre del año pasado. La cifra crece por la crisis económica: “Han desmantelado lo poco que había de política pública, que siempre fue deficiente. Además, es notorio que las organizaciones estamos poco fortalecidas por el Estado, en el contexto nacional, y en la Ciudad en particular. Es por esto que muchos comedores y organizaciones que antes abrían todos los días, hoy no tienen comida suficiente para hacerlo y eso se nota en los resultados de este informe”, concluye Vázquez.
Fuente: DiarioAR y RUV