El Gobierno resolvió pisar el acelerador no precisamente contra la famosa “casta”, sino en dirección a un sector tan castigado como lo es el de los jubilados: no solo ya es un hecho que Javier Milei vetará la ley aprobada por la oposición en el Congreso, que reajusta las jubilaciones, sino que en la Casa Rosada se evalúa judicializar la cuestión en caso de que el Congreso termine rechazando el veto presidencial, dejando en manos de la Corte Suprema la decisión final.
Los asesores jurídicos de Milei están convencidos de que el proyecto “no pasa el filtro constitucional”, al considerar que no establece “cómo se debe financiar el gasto” que supone el aumento de las jubilaciones, y de ahí que se preparan para impugnarlo en la Justicia. “Tal como está redactado, si se judicializa tenemos todas las de ganar”, aseguran.
En el Gobierno se venía asegurando que el veto sería total. Sin embargo, en las últimas horas dejó la puerta abierta a un veto parcial, al imaginar que esa alternativa podría acercar aliados.
Por eso mismo, salieron a buscar nuevamente como aliados a los gobernadores, que mantienen sus reclamos por los fondos discrecionales y la reactivación de la obra pública.
“Veto va a haber, la intensidad depende del presidente”, sostienen cerca de Milei, donde todavía no dan por seguro el veto total. “Hasta que no se firme el veto total, no está hecho”, afirman. Y subieron la apuesta al dejar trascender que está en los planes del Gobierno encarar una reforma previsional que dé marcha atrás con los 3.7 millones de haberes jubilatorios, otorgados por distintas administraciones kirchneristas, la primera de ellas con Sergio Massa como titular de Anses, en 2005.
“El 65% de los jubilados actuales recibe un subsidio, no una jubilación, porque no aportó los años que debía hacerlo”, continuaron cerca del presidente, aunque descartaron que el impulso de la reforma, que sin dudas tendrá la resistencia del kirchnerismo y otros bloques, se produzca en el corto lapso.
Concretamente, se están evaluando opciones para, más adelante, desenganchar a los jubilados que cobran la mínima del resto. “El 90 por ciento de los 3.7 millones que cobran la mínima no hizo aportes, por lo tanto, no son jubilados”, argumentan cargándole la culpa por no pagar aportes a los trabajadores y no a los empleadores que los tuvieron en negro.
Mientras, en el oficialismo reiteran que el proyecto aprobado “es un delirio irresponsable demagógico y populista” de la oposición, y que harán todo lo posible para bloquear su cumplimiento.
Milei tiene diez días -desde que se aprobó la ley de la nueva fórmula jubilatoria- para firmar el veto que ya anunció que hará. En Casa Rosada reconocen que se está evaluando si será completo o “cuasi total”. Una de las posibilidades es que dejen que se transforme en ley la parte que consigna que los aumentos estarán enganchados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) -la fórmula que hasta ahora era decreto- y descarten el resto.
Justamente, en el oficialismo dicen que lo único “razonable” de la Ley son los aumentos enganchados al IPC. En ese punto, dicen, podrían vetar todos los artículos de la ley salvo ese, y que la fórmula que ellos eligieron quede con rango de ley. No están de acuerdo con el artículo 10, por ejemplo, que impone un plazo de seis meses para que Nación cancele las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y también las que tiene el Estado con las cajas provinciales. Tampoco con el resto.