El presidente Javier Milei enfrenta una denuncia por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras vetar la ley de movilidad jubilatoria. La abogada Valeria Carreras presentó la denuncia ante los tribunales federales de Retiro, incluyendo al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, como co-denunciado.
La denuncia fue asignada al juzgado federal 11, bajo la supervisión del juez Julián Ercolini, y Carreras solicitó la intervención de la UFI PAMI, unidad fiscal especializada en delitos previsionales.
“Con el veto a la ley de movilidad jubilatoria que significaría un aumento ínfimo, pero un aumento al fin para el sector pasivo, y una fórmula de actualización mínimamente realista, estamos frente a una conducta que podría tipificarse no solo como el incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con leyes y tratados internacionales, sino también frente a conductas que podrían encajar en un plan sistemático contra los pasivos de nuestra sociedad”, argumentó la abogada.
Asimismo, sostuvo que el veto presidencial debería investigarse “no como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor, que llevan no solo a incumplir con la garantía de derecho humano básico como derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, sino también como un ataque desde el Estado a los más vulnerables”.
En la denuncia, que quedó a cargo del juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, la abogada destacó que el veto y la reciente reducción de cobertura para 44 medicamentos a los afiliados del PAMI representan un maltrato a los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Estamos ante una política de maltrato hacia el adulto mayor que atenta contra los derechos humanos fundamentales”, sostuvo Carreras. “La denuncia no solo se basa en el incumplimiento de tratados internacionales y la Constitución Nacional, sino también en el grave perjuicio que estas medidas causan a los jubilados y beneficiarios de PAMI”.