Lejos, muy lejos de transmitir un mínimo grado de humanidad o empatía ante un hecho gravísimo y repudiable, como lo fue el policía que arrojó gas pimienta a una niña de 10 años, el Gobierno nacional refleja hasta qué punto es capaz de pisotear los derechos, y no sólo no condenó el episodio, sino que redobló la apuesta, al defender a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y culpar a la madre de la menor.
Pese a la condena pública y a los pedidos de explicaciones sobre el accionar policial, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que Bullrich “está haciendo un gran trabajo desde el comienzo de la gestión”, lo que “es valorado por el presidente”.
Y agregó: “Nos apena que una nenita de nueve o diez años, por la irresponsabilidad de la madre, haya estado en un acto”, en referencia a la manifestación que el miércoles último, frente al Congreso, se congregó para expresarse en contra al veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. “Eso no implica que el operativo no haya sido exitoso”, destacó el funcionario.
Adorni indicó que Bullrich “entiende que el operativo fue impecable”, pese a “los lastimosos episodios como el que ocurrió con la niña que sufrió ese episodio con el gas pimienta”. “Si algo tendrá que decir sobre la actuación de este o de cualquier otro operativo, es el propio Ministerio de Seguridad, con sus actuaciones o con sus investigaciones”, agregó.
El portavoz aseguró que “cada vez que haya una marcha similar el Gobierno va a apelar a que los niños no deban estar en esos lugares y que no se los utilice en los medios”. “A los niños hay que dejarlos afuera de estas cuestiones de adultos”, concluyó el subsecretario.
El respaldo a la ministra de Seguridad parece alinearse con la postura oficial de priorizar el control del orden público en escenarios de protestas, aunque surgen cuestionamientos por la falta de un protocolo más exhaustivo que garantice la integridad de los manifestantes, en particular de los menores.
El episodio del gas pimienta encendió una luz de alerta en torno a las responsabilidades dentro de la estructura de Seguridad. Cuando se le preguntó a Adorni sobre el futuro del Jefe de Policía, Luis Rolle, y de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, evitó brindar precisiones. “Suele realizarse una revisión profunda de cada operativo”, respondió de forma ambigua, dejando la puerta abierta a posibles cambios en la cúpula de la fuerza.
Es que, en líneas generales, las críticas apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, una cuestión recurrente bajo la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
A pesar del respaldo gubernamental, el manejo de las protestas y las denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad podrían representar un nuevo desafío para el Gobierno, en un contexto de creciente tensión social y demandas por mayor respeto a los derechos humanos en los operativos policiales.