En respuesta a la masiva movilización de ayer, en marco de lo que fue la marcha en defensa de la educación pública en todo el país, y cuando estaba a punto de vencerse el plazo para tomar la decisión, el Gobierno Nacional confirmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Lo hizo pocas horas después de la Marcha Federal que, frente al Congreso y en otros puntos del país, unos tres millones de personas le exigieron promulgar esa norma. El anuncio se hizo a través de un comunicado de la Oficina de prensa del presidente, que definió la iniciativa como un “irresponsable aumento del gasto público”.
La decisión de vetar estaba tomada por Javier Milei desde antes de que la propuesta para garantizar el financiamiento de las universidades se votara en el Congreso. El fundamento oficial para la negativa es que atenta contra el déficit cero. “El veto será total”, había anticipado el presidente a través de su cuenta de la red social X, horas después de la aprobación por parte del Legislativo.
La pregunta que se impone es: una vez que el veto esté publicado en el Boletín Oficial, ¿la ley ya estará caída? La respuesta es no. El Congreso Nacional tiene la posibilidad de reunirse en el recinto y, si alcanza el número suficiente de votos, rechazar esa decisión. La tarea no es sencilla: para que la ley vuelva a estar vigente, se requiere el acompañamiento de dos tercios de los legisladores de ambas cámaras. Sin embargo, ese objetivo no parece inalcanzable.
En la Casa Rosada afirman que todavía no tienen el compromiso asegurado de Pro para sostener el veto y, por lo tanto, aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la normativa. Sin embargo, confían en el trabajo del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien recorre pasillos y despachos en busca de “voluntades” que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto que bloqueó el aumento a los jubilados.
La postura presidencial fue ratificada este miércoles a la noche, horas después de finalizada la masiva convocatoria que congregó a organizaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales en todo el país, en la reclamaron por una recomposición salarial del personal universitario y por la promulgación de la ley de financiamiento que el presidente ahora efectivamente vetó.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración de La Libertad Avanza informó que seguía firme en su posición, y definió a la ley en cuestión como “un irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades”.
En el texto, la Casa Rosada señaló que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”, y calificó a la marcha universitaria llevada adelante este miércoles como “una manifestación política”.
Además, habló de la existencia de un acuerdo entre dirigentes de la oposición: “El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse en una nueva convergencia pública. Esta coalición objetiva deja en claro su intención de obstruir la consolidación del plan económico del Presidente. Se trata de un frente populista de izquierda, en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, expresó la comunicación oficial.
Esta situación recuerda un desafío similar que el Gobierno enfrentó semanas atrás, cuando vetó la Ley de movilidad jubilatoria. En aquel momento, gracias al inesperado respaldo de algunos diputados radicales, el oficialismo reunió 87 voluntades que le permitieron blindar su decisión. En principio, se espera que esos legisladores de la UCR vuelvan a acompañarlo. Sin embargo, algunos dejaron trascender que no están dispuestos a inmolarse cada vez que el Gobierno resista una ley.
En la misma sintonía, aparecieron algunos diputados díscolos en el PRO. Aunque el bloque funciona como apéndice de La Libertad Avanza, Cristian Ritondo, jefe de la bancada, reconoció el martes que aún no alcanzaron una posición común. Es decir, no todos respaldarían un nuevo veto presidencial.
Las grietas que se abrieron en ambos bloques sembraron dudas sobre la capacidad política del Gobierno para dejar firme el veto. Por eso, en los últimos días, los negociadores de la Casa Rosada iniciaron conversaciones con algunos bloques provinciales, a la espera de volver a encontrar “87 héroes” que le impidan dar un paso en falso.