Se vienen días decisivos para el Gobierno, a la hora de enfrentar un examen crucial con el segundo veto de Javier Milei, el que rechazó la Ley de Financiamiento universitario. Sin contar todavía con el tercio “salvador” en Diputados -aquel que puede impedir que la oposición reúna dos tercios de los presentes para insistir con la ley-, la Casa Rosada necesita el favor de sus aliados en un contexto más complejo que el que tuvo con el veto a la ley de jubilaciones: la postura de PRO está en duda, y hay diputados “amigables” que no avalarían un retaceo de fondos a las casas de estudio.
La sesión pedida para el miércoles para tratar el veto a la ley asoma, así, como un punto de inflexión en el oscilante vínculo entre Javier Milei y la fuerza de Mauricio Macri. Con la fragmentación de los 87 “diputados héroes” que habían frenado la reforma jubilatoria, el presidente depende ahora del bloque que conduce Cristian Ritondo.
Y en este contexto, el diputado nacional del PRO, Álvaro González, anticipó en las últimas horas que votará en contra del veto presidencial, y sostuvo que el gobierno nacional “se aferra a un dogma, como el déficit cero, en lugar de resolver una situación”.
“Voy a votar en contra”, aseguró el dirigente, cercano al ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y uno de los legisladores del PRO más reticente a una alianza política con La Libertad Avanza. Es más, participó de la masiva marcha universitaria del pasado miércoles. “Hay mecanismos en un presupuesto donde vos podés tener voluntad política de resolver el problema”, afirmó.
A partir del veto del Poder Ejecutivo, los bloques Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR) pidieron una sesión especial para el 9 de octubre con el objetivo de rechazar el decreto de Milei. Deben reunir para esa insistencia los dos tercios de los presentes de la Cámara Baja. Justamente, la bancada del PRO tiene un rol estratégico.
Mientras tanto, el Gobierno busca desesperadamente blindar el veto de Milei, y está dispuesto a negociar partidas para las casas de estudio en el Presupuesto 2025. Una propuesta que ya se la adelantó a la oposición dialoguista mientras el Ministerio de Economía analiza cifras de aumento salarial para calmar a los sindicatos.
Hay un dato que aportan desde las filas de La Libertad Avanza: aseguran que hay radicales, aquellos díscolos de la conducción nacional de su partido, como el tucumano Mariano Campero, que están en sintonía con la postura de LLA y que ayudarían a que el veto se sostenga.
Y en relación con la recomposición de remuneraciones para los trabajadores docentes y no docentes a partir de este año, un pedido que realizaron integrantes de la fuerza amarilla y que es eje de la pelea con los gremios universitarios, la respuesta es contundente: la oposición debe señalar el origen de los fondos siempre y cuando no impliquen toma de deuda ni emisión monetaria.
“A todos les decimos lo mismo: si nos dicen de dónde sale la plata, podemos hablar”, remarcan desde el oficialismo.
La Ley de Fondo Universitarios había sido aprobada el 15 de agosto por la Cámara de Diputados con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. En tanto que obtuvo sanción en Senado el 13 de septiembre, al alcanzar 57 votos positivos, 10 en contra y 1 abstención.
De los 77 votos en contra en la Cámara baja, el PRO aportó 33. En aquel momento, todos los legisladores que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la mayoría de los macristas rechazaron la normativa. Solo Sergio Acevedo y José Luis Garrido votaron a favor. Álvaro González, al igual que Sabrina Ajmechet, Héctor Baldassi y Emmanuel Bianchetti, estuvo ausente.