La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó que mañana se pondrá en marcha un paro semanal por parte de las casas de altos estudios “con actividades de visibilización”, que se extenderá hasta el sábado 26 de octubre en todas las facultades del país.
Desde la Federación ratifican “la necesidad de sostener y fortalecer la unidad de los distintos sectores que componen la comunidad universitaria para enfrentar el plan de ajuste y destrucción de la Universidad Pública que lleva adelante el gobierno de Javier Milei”.
Esta medida forma parte de un plan de lucha en contra del veto que se ratificó en el Congreso días atrás, visibilizando la lucha en contra de Javier Milei, quien llevó adelante la medida.
La protesta se suma a lo que será el paro total de 48 horas (lunes 21 y martes 22) que había sido anunciado por distintos gremios docentes y de estudiantes contra el desfinanciamiento que atenta contra el correcto funcionamiento de las entidades educativas, y para cubrir sueldos de los docentes.
Lejos de poner paños fríos al conflicto, Javier Milei profundiza su campaña de desprestigio a las universidades públicas y ratifica el ajuste presupuestario, que tiene su correlato en la fuga de docentes hacia instituciones privadas y amenaza la continuidad de la oferta académica.
En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al conflicto universitario, y aseguró que las tomas tienen la intención de “desestabilizar” la gestión del presidente. “Puede ser que hayan crecido en algunos casos, pero las universidades siguen funcionando”, remarcó sobre las medidas de reclamo.
“He visto en varias universidades a los alumnos oponerse a estas medidas de algunos sectores politizados estudiantiles”, opinó en declaraciones radiales, donde remarcó que para el Gobierno la situación no es una “preocupación”.
Mientras, en medio de las protestas universitarias que se extienden en todo el país, el Gobierno nacional comenzará este lunes con su plan de auditorías para las casas de altos estudios, con el objetivo de controlar el uso de las partidas que reciben del Estado.
En ese sentido, el director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló detalles de esta tarea, que estuvo en el centro de la polémica luego del veto presidencial que derogó la Ley de Financiamiento Universitario.
“Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, sostuvo el síndico, cuyo organismo esta semana volvió a recuperar la atribución de revisar las cuentas de las casas de estudio.
Tras la decisión del Ejecutivo nacional, las auditorías comenzarán en la Universidad de La Matanza. Para el resto aún falta armar los equipos de auditores y luego se priorizará en qué universidades seguir, en función de los volúmenes de fondos y calidad de convenios.
En cuanto al alcance de las auditorías, el funcionario subrayó que el organismo se encarga fundamentalmente de ver el “sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos”.
En ese contexto, Bianco advirtió que “en el caso que haya sospecha de corrupción, si hay algún síntoma, se lo derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso”.