La amenaza de nombrar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla para sumarse a la Corte Suprema de Justicia está más firme que nunca: Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, tiene la convicción de que en 2025 el máximo tribunal tendrá cinco integrantes, a como dé lugar, y al respecto la premisa es que estos dos jueces llegarán con los votos del Senado, o serán designados por decreto en comisión por un año.
En el Ministerio de Justicia, el viceministro Sebastián Amerio, que ejecuta las directivas de Caputo, tiene la instrucción de seguir con la estrategia inicial: reunir los votos de los senadores para los dictámenes, y eventualmente conversar con el kirchnerismo para una eventual ampliación de la Corte, a cambio de los votos necesarios para aprobar los nombres en el Senado.
Los escenarios que describen en el gobierno son tres: o los pliegos se votan en el Senado; o los pliegos se envían por decreto en el receso del Congreso; o se retiran, y esta última opción, no está en carpeta, por lo que se trabaja en las otras dos alternativas.
En el Gobierno admiten que “la Corte no está diseñada para funcionar con tres jueces, es un esquema anormal, que no es deseable”. Se refieren a las dos vacantes que se abrirán a partir de diciembre, cuando se jubile Juan Carlos Maqueda. “La Corte no puede quedar incompleta; con tres jueces queda complicada en su funcionamiento porque obliga a recurrir a conjueces”, insistieron esta semana en la Casa Rosada para abonar la estrategia del nombramiento por decreto.
Mientras, en medio de las idas y vueltas por la negociación para la integración de la Corte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la intención del Gobierno de nombrar por decreto en el máximo tribunal a Lijo y a García Mansilla si la oposición no da los votos necesarios en el Congreso para fin de año. “Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto”, reconoció.
“Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada”, expresó.
El funcionario ratificó sus deseos de que la designación sea finalmente determinada por la Cámara alta, pero lamentó: “Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más. Ojalá pudiera funcionar. Es una discusión; me imagino los debates sobre estos pliegos, las negociaciones. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida”.
Los comentarios del jefe de Gabinete llegan luego de que el kirchnerismo diera muestras de acordar en la negociación para la integración de la Corte, al darle esta semana la novena firma que le faltaba al dictamen para designar a Lijo. El avance se dio cuando la senadora por Catamarca, Lucia Corpacci, puso la última firma necesaria para el dictamen del pliego en el Senado.
Con estas nueve firmas, el pliego el Gobierno estaría en condiciones de ser sometido a votación de los senadores, aunque no están actualmente garantizados los dos tercios de los votos necesarios para designarlo juez de la Corte Suprema.
En la Casa Rosada responden que están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance, y por eso surge una posibilidad cierta y firme: si no hay avances en los pliegos de García-Mansilla y Lijo en el Senado, serán nombrados en comisión por decreto.