Te quitaron el trabajo, te bajaron el salario, te redujeron la jubilación, aumentaron la luz, el gas, el transporte, y los precios de los alimentos están por las nubes. Pero el presidente Milei no está conforme: ahora quieren quitarte el agua. Un gobierno cruel para la mayoría de los argentinos y benefactor para los ricos.
En los últimos días, el gobierno anunció que comenzará a cortar el suministro de agua a quienes no estén al día con el pago de sus facturas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida se definió en el marco del proceso de “normalización” que impulsa Javier Milei, buscando que la empresa pública opere bajo los mismos criterios que una firma privada.
Los usuarios con atrasos en sus pagos recibirán notificaciones por carta y correo electrónico sobre el inminente corte del suministro. Hasta ahora, el acceso al agua potable era priorizado como un servicio público esencial, pero con la llegada de Milei a la presidencia, la orden es que AySA funcione bajo las mismas reglas que las empresas de energía. “Si no pagás la factura de Edenor o Edesur te cortan la luz; acá tiene que pasar igual”, señalaron desde la empresa.
La medida se toma en el marco de un nuevo incremento de tarifas y un programa de facilidades para regularizar deudas. AySA reportó que 700.000 usuarios están en mora y deberán acogerse a diferentes planes de pago o beneficiarse de la condonación de intereses para evitar el corte del servicio.
Lo que el gobierno no dice es que la factura del agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se multiplicó por cuatro este año y, en diciembre, tendrá un aumento adicional del 3%. Esta situación ha complicado a los usuarios, ya presionados por múltiples tarifazos. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, en noviembre una familia tipo necesitó $134.173 para cubrir servicios básicos sin subsidios, con un incremento del 305% interanual en la factura del agua.
“En caso de registrarse deuda en un inmueble, según el marco regulatorio vigente, AySA está facultada para restringir o cortar el servicio por falta de pago”, aclararon desde la empresa. “Para usuarios residenciales, solo se permite la restricción del suministro, garantizando un caudal mínimo por conexión. En el caso de usuarios no residenciales, el corte puede ser total. Estas acciones se tomarán previa notificación y una vez agotadas las instancias de reclamo establecidas en la normativa”, insistieron, destacando que el plan comenzará en diciembre.
Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), expresó su preocupación: “En este momento, donde las familias enfrentan un aumento de costos en todos los servicios, que la empresa intime para cobrar deudas nos preocupa, porque debería tener recaudos respecto de la afectación que esto podría generar”.
Bussetti añadió: “Sería conveniente que AySA ampliara y difundiera el Programa de Tarifa Social, que permite a los usuarios obtener descuentos importantes para regularizar su deuda, incluyendo montos, intereses y recargos. Nosotros hemos difundido este programa durante todo el año para usuarios residenciales, muchos de los cuales están en deuda”.
AySA es una de las empresas habilitadas por el Congreso, a través de la ley de bases, para su privatización. En la administración libertaria aseguran que debe ser “normalizada” para estar en condiciones de ser entregada al capital privado.