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12 diciembre, 2024
PAÍS

Investigarán una ‘nueva Banelco’ por la Ley Bases en el Senado

El bloque de Unión por la Patria (UxP) decidió intensificar su postura contra el gobierno de Javier Milei, tras el escándalo de la “mochila” con 200.000 dólares no declarados que involucró al senador Edgardo Kueider en Paraguay. Como primer paso, solicitaron investigar la Ley Bases en la Cámara de Diputados y exigieron a la vicepresidenta Victoria Villarruel convocar una sesión especial para tratar la remoción del senador entrerriano.

El bloque peronista en el Senado, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, presentó formalmente un pedido de expulsión de Kueider por “inhabilidad moral”, conforme al artículo 66 de la Constitución Nacional, que requiere dos tercios de los votos en el recinto para proceder.

La solicitud de sesión especial para el 12 de diciembre busca tratar la destitución del senador. Desde UxP señalaron que “la permanencia de Kueider en el Senado resulta incompatible con los estándares de ética que exige la República”.

El escándalo se desató luego de que se conociera que Kueider y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentaron ingresar a Paraguay con más de 200,000 dólares no declarados. Ambos fueron imputados por “tentativa de contrabando” y permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción, aunque podrán alojarse en un lujoso edificio llamado “Tierra Alta”, gracias al pago de una fianza de 300,000 dólares. Según medios paraguayos, el abogado Ricardo Preda, exrepresentante del expresidente Horacio Cartes, se habría ofrecido a cubrir este monto.

La situación judicial de Kueider se complica aún más tras conocerse que realizó el mismo viaje en al menos cinco ocasiones desde febrero, lo que aumenta las sospechas sobre posibles actividades ilícitas recurrentes.

Impacto en el Senado y las tensiones políticas

Desde el peronismo advierten que cualquier intento por dilatar el tratamiento de la remoción de Kueider será percibido como un acto de “complicidad”. Si la vicepresidenta Villarruel no convoca la sesión, el peronismo podría intentar abrir el debate con 34 votos, ya que cuenta con 33 bancas propias. Lograr ese respaldo adicional desataría un escándalo político si los senadores oficialistas deciden no asistir al recinto.

Mientras tanto, aliados del gobierno han sugerido que la licencia temporal del senador sería suficiente, argumentando precedentes como el del exsenador José Alperovich, quien se tomó licencia tras ser acusado de abuso sexual. Desde la Casa Rosada, advierten que si Kueider es expulsado, podrían promover la destitución de otros legisladores investigados, entre ellos Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Rodolfo Tailhade y Victoria Tolosa Paz, una propuesta que fue calificada como “ridícula” por la oposición.

Paralelismos con la ‘Banelco’ del 2000

El caso ha llevado a comparaciones con el escándalo de la “Banelco” de junio del 2000, cuando el periodista Joaquín Morales Solá reveló supuestos sobornos a senadores para aprobar una reforma laboral durante el gobierno de Fernando De la Rúa. En aquella oportunidad, un senador describió cómo recibieron sobres con dinero en efectivo para garantizar sus votos según Morales Solá:  “Bueno, un día estaba con Alasino, en su despacho, y de pronto se levantó y fue hasta la caja fuerte y trajo un sobre lleno de dólares. ‘Esto es por la reforma laboral’, me dijo. Yo pensé: esto es una chambonada tan grande que va a terminar mal. Así que recibí el sobre porque si no me iban a culpar de la filtración. Menem lo hacía de otra manera: cada senador debía ir a ver a un ministro o a un funcionario determinado y nadie se enteraba. Pero ahí estaba Alasino repartiendo sobres como panes de Navidad. Esto termina mal, me dije.”

Hoy, Morales Solá, considerado un aliado del gobierno libertario, se mantiene en silencio sobre las posibles irregularidades en la aprobación de las leyes impulsadas por el oficialismo este año.

El caso Kueider no solo pone en jaque al oficialismo, sino que también amenaza con salpicar a los legisladores que votaron a favor de la Ley Bases, aumentando la presión para esclarecer la transparencia de los procesos legislativos en un contexto de alta polarización política.

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