Con la llegada del fin de año, aparece una nueva mala noticia para el PRO y la extinta alianza Cambiemos: el juez federal Alejo Ramos Padilla avanzó con el procesamiento de cuatro dirigentes en el marco de la causa de los “aportantes truchos”, a los que investiga por ocultar ilegítimamente el origen de los fondos que financiaron las campañas electorales de las PASO y generales del año 2017 en la provincia de Buenos Aires, en ese momento gobernada por María Eugenia Vidal.
La resolución del magistrado fue doble: por un lado procesó a Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin (responsables financieros de Cambiemos) y a Mauricio Redigonda (apoderado); mientras que en simultáneo rechazó el pedido de excepción por falta de acción solicitada por los acusados, que pretendían evitar e inicio de la causa penal hasta que no se formalizara el “proceso de naturaleza electoral”.
El caso se conoció por una nota periodística difundida en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos – recibían planes sociales- figuraban como donantes de fondos de la campaña de Cambiemos. Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.
Ramos Padilla consideró que los cuatro miembros de Cambiemos cometieron “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”, e interpretó que habilitar el pedido de excepción de los acusados representaría entorpecer la investigación sobre quienes cometen delitos penales en el marco de procesos electorales.
Asimismo, se respaldó en la definición del Juzgado Federal 1, que decidió que la prolongación del conflicto de competencia no suponía “privar de respuesta penal” la indagación de los sucesos.
En la causa se investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña y el binomio integrado por Esteban Bullrich y Gladys González en Senadores.
Las carátulas para los responsables financieros de Cambiemos son “falsedad ideológica de documento público” y “omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña”, mientras que para el apoderado es de “coautor de la falsedad ideológica” y “partícipe necesario” del segundo delito.
Concretamente, la investigación judicial identificó al menos 316 recibos que luego fueron desconocidos por quienes aparecían como aportantes. De esa cifra, 55 fueron rubricados por Julián Vilche por un total de $554.500 (unos u$s 35.000 de la época); otros 96 por Alfredo Irigoin por $527.500 (u$s 33.000); 84 fueron firmados por Carla Chabán por $442.250 (u$s 27.650); y 81 fueron avalados por Mauricio Redigonda (u$s 27.450).
La mayor parte de ese dinero fue canalizado en efectivo, lo que complejizó el seguimiento del dinero. A su vez, muchos de los aportes falsos fueron atribuidos a personas beneficiarias de planes sociales o personas con discapacidad.
“Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado”, señaló el fallo.
A su vez, consideró que “implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas […] o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley”.