El coordinador de Justicia y Seguridad Democrática del organismo, Rodrigo Pomares, reveló que las fuerzas de seguridad incurren en una violación a la normativa de inteligencia nacional.
En diálogo con Napalm por Radio Provincia AM1270 explicó que desde la Comisión Provincial por la Memoria se presentó un informe donde quedan de manifiesto situaciones de “inteligencia con personal policial no identificado dentro de las manifestaciones, y a la vez, la filmación y captación de imágenes en el contexto de manifestaciones públicas por parte de los agentes de las distintas fuerzas”.
Al referirse a la actividad contra los despidos que se realizó en el ex ESMA el viernes 23 de diciembre, señaló: “Nos llamó la atención la presencia de dos hombres que tenían proximidad con el personal policial. Una de esas personas se va hacia el interior del edificio donde se realizaba la manifestación”. Reveló que al no poder confirmar que se tratara de personal policial, consultaron con autoridades de la policía porteña quienes les informaron que todo el personal de esa fuerza estaba identificado. “Ante esta respuesta nos acercamos a estas personas para preguntarles cuál era el motivo de su presencia”, sin obtener respuesta.
“Queremos saber cuál era la orden de servicio concreto de estas personas porque no hay orden ni normativa para que puedan estar en una manifestación pública”. Ante esa situación, la CPM denunció “una posible violación a la normativa de inteligencia nacional que veda la realización de tareas de inteligencia a organizaciones sociales y en el contexto de manifestaciones por el sólo hecho que estas personas participen de ellas”. Seguido agregó: “Otra cosa que detectamos es que se filman todas las manifestaciones públicas y queremos saber cuál es el destino de esas filmaciones, porque no hay una orden de servicio que justifique la capacitación de imágenes en manifestaciones públicas. Eso genera base de datos, registro fílmico. Es ilegal y contrario a la ley de inteligencia”, denunció.
“Creemos que la justicia debe detectar y determinar quiénes son y cuál es el objetivo y la orden de servicio”, indicó. “Esta denuncia se junta con otras y de confirmarse el tipo de tareas que realizan es gravísimo, y es algo que no debe ser naturalizado porque sería admitir que las agencias estatales realicen tareas represivas y sean registrados y observados por el Estado”.