Javier Milei avanzó con su motosierra sobre el Centro Cultural Haroldo Conti. Las listas en manos de la policía con los pocos autorizados para ingresar y las puertas cerradas reflejaron la peor cara libertaria en el comienzo del año nuevo. Pero mientras los trabajadores denuncian que no solo están en riesgo cientos de fuentes de ingreso, sino también el acervo cultural e histórico que existe en el edificio ubicado dentro del predio de la ex-ESMA, en el Gobierno negaron con un insólito argumento que el espacio se cierre por completo.
Desde el área que conduce Alberto Baños rechazaron ante elDiarioAR que la reestructuración de personal y de actividades que comenzó ayer implique un cambio rotundo en la política de los últimos años, pero los efectos ya están a la vista: la falta de personal pone en riesgo la difusión cultural de la memoria histórica, así como el resguardo de su documentación.
El argumento del Gobierno es que ahora la Secretaría de Derechos Humanos impondrá “una visión transversal de los derechos fundamentales” a todas sus acciones. Aunque la fuente no abundó en detalles, esa línea es la que motivó el cierre durante todo enero del Haroldo Conti: “Es mentira que se cerró. En febrero arranca con esa visión”, se limitó a explicar el funcionario de alto rango consultado.
No es la explicación que se leyó en el WhatsApp que llegó a los trabajadores el 31 de diciembre, a poco del brindis por el Año Nuevo: “El secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”. El oficialismo promete reabrirlo en febrero, posibilidad que ponen en duda los trabajadores.
En tanto, en las últimas horas la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal en la que pide a la Justicia que investigue posibles tareas de inteligencia ilegal realizadas por la Policía de la Ciudad o la Federal durante el acto que organismos de Derechos Humanos realizaron junto a trabajadores en la ex ESMA el 27 de diciembre.
Aquel día se hizo un “abrazo” simbólico en defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno de Javier Milei busca desmantelar, y como protesta ante los despidos en la Secretaría de DDHH. El caso quedó radicado en el juzgado Nº 10 de Comodoro Py.
Según la denuncia, la CPM detectó y registró con fotografías y filmaciones acciones de policías de civil que se infiltraron en la manifestación. También señaló a la justicia que las fuerzas de seguridad filmaron a los manifestantes por lo que exige que se investigue si se está violando la Ley de Inteligencia Nacional.
Para los denunciantes, “los hechos que aquí denunciamos, podrían inscribirse en los supuestos vedados en la normativa de inteligencia nacional”. En esa línea, indicaron que “la actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban. Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”.
En sintonía con lo ocurrido el 27 de diciembre, ayer policías se apostaron en la ex ESMA y revisaron el listado de despidos para impedir el ingreso de trabajadores al predio recuperado que durante la última dictadura cívico-militar la Marina utilizó como un centro clandestino de detención y tortura.
Una ex trabajadora ya despedida a mitad del 2024 aseguró que el gobierno de Milei quiere impregnarle a la política de derechos humanos una visión ultraconservadora, afín al negacionismo sobre la dictadura que el propio presidente desplegó en la campaña y que permanentemente alienta Victoria Villarruel.
“Hay un intento de reestructurar toda la Secretaría de Derechos Humanos para adecuarlo a esa visión de familia y propiedad privada; esa idea de los derechos humanos para todos”, comentó quien pidió resguardar su nombre por estar muy involucrada en las acciones de protesta de estos últimos días. “Que hoy cierren el Conti significa que cuando abra ya no será como antes”, apuntó.