Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en el que denunció el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte del gobierno de Javier Milei en respuesta a las manifestaciones. Según la organización, las fuerzas de seguridad federales siguieron un patrón represivo en función del “protocolo anti-piquetes” impulsado por la ministra Patricia Bullrich.
El informe fue elaborado por la filial de la organización de derechos humanos en Argentina con base a una investigación basada en información oficial y testimonios de víctimas. Se destaca que “existe un patrón de represión sistemática y criminalización de la protesta social, dirigido a aquellos que se expresaron en desacuerdo con las políticas del actual gobierno”.
Es sabido que además de la disminución de la inflación, la reducción del gasto público y la eliminación del déficit fiscal, el Gobierno destaca como uno de sus logros la extinción de los cortes de calles que solían acompañar las protestas.
El estudio abarcó 15 manifestaciones, entre las que se destacaron las marchas contra el ajuste a los jubilados y a las universidades. Los autores, en tanto, afirman que pone en evidencia las consecuencias del “Protocolo Anti-piquetes” del ministerio de Seguridad que busca limitar la protesta en los centros urbanos del país mediante el uso excesivo de la fuerza. Pero, además, también limita la libertad de expresión y el “acceso al espacio cívico”.
Según AI, el informe sobre la represión de la protesta social arrojó cifras alarmantes: durante 15 manifestaciones, 1.155 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves. De estas, 33 recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, lo que les ocasionó daños severos en la visión. Además, 50 periodistas fueron heridos mientras cubrían las protestas, mientras que 73 personas fueron “criminalizadas” por participar en las manifestaciones.
El informe detalla que entre las prácticas represivas documentadas se incluyen el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes, golpes, porras y bastones, y detenciones arbitrarias. “Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva”, sostuvo el texto de la organización.
Se agrega que “desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión. El 2024 no fue un buen año para expresar el disenso en las calles”.
Según el organismo, el protocolo “parte de la premisa de que toda protesta social amenaza la seguridad y el orden público”, y establece pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación, así como la libertad de expresión y de protesta social”.
“Observamos el uso abusivo y desproporcionado de gases lacrimógenos y balas de goma, así como el uso de bastones o ‘tonfas’, por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, indica el informe.
Aparte del accionar de las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional centró su atención en algunos de los mensajes emitidos por el oficialismo, los cuales, según el informe, tendieron a “criminalizar” la protesta social.
El documento subraya que 35 de las más de 1000 personas afectadas por el uso excesivo de la fuerza eran profesionales de la comunicación que estaban cubriendo las protestas. “Desde enero de 2024, numerosos periodistas, movileros, camarógrafos y trabajadores de prensa han resultado heridos mientras cubrían las distintas manifestaciones”.
Y señala que “solo en las protestas frente al Congreso durante el debate de la ley ómnibus, se contabilizaron 35 periodistas o comunicadores sociales agredidos mientras cumplían con sus funciones”.
Frente a esta situación, Amnistía Internacional urge al gobierno argentino a adoptar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Esto incluye la derogación del Protocolo Anti-piquetes y la implementación de regulaciones policiales y capacitaciones que se alineen con los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso de la fuerza.
Se hace hincapié en que es fundamental desterrar las detenciones arbitrarias, los actos de violencia y el uso de la fuerza desproporcionada como mecanismo de disuasión frente a manifestaciones pacíficas. Asimismo, se debe limitar el uso de armas menos letales bajo principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, e investigar y sancionar de manera efectiva a los responsables del uso ilegítimo y excesivo de la fuerza. Es imperativo proteger a periodistas y trabajadores de prensa, asegurando que puedan ejercer su labor sin restricciones ni violencia.