El gobierno libertario no dudó en despedir al jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, luego de que la Procuración del Tesoro emitiera un dictamen a favor de una trabajadora, lo cual el presidente Milei no toleró. “A los trabajadores nada, a los amigos todo” es la frase que se utiliza en la Casa Rosada.
El exministro de Justicia y juez de la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Menem avaló un dictamen que favorecía a un agente del Ministerio de Justicia que percibía parte de su sueldo mediante incentivos provenientes de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Dicho convenio fue dado de baja por el Gobierno, lo que resultó en el despido de 2,500 empleados estatales.
En el Ejecutivo esperaban que Barra presentara su renuncia, pero, según confirmaron fuentes cercanas al Procurador, no lo hizo, y finalmente el gobierno lo echó.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo comunicó oficialmente a las 18:13 a través de X (anteriormente Twitter): “El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. Su reemplazo será definido el próximo lunes por el Presidente de la Nación. Fin”.
El escándalo se desató luego de que se revelara que el abogado había hecho que su segundo, Marcos Serrano, firmara una resolución que beneficiaba a una de las trabajadoras despedidas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La ex empleada había litigado contra el Gobierno tras la decisión del Ministerio de Justicia de no cumplir con el acuerdo salarial establecido después del cierre de la entidad.
«Es ilógico que un funcionario resuelva en contraposición a lo que piensa el presidente», se quejó un asesor cercano al conflicto. Para la Casa Rosada, la decisión del Procurador no solo estaba desalineada con la agenda libertaria, sino que también abría una nueva línea de conflicto con la justicia laboral, un ámbito en el que el Gobierno ya ha sufrido varios reveses.
En el Gobierno ya hay una lista de candidatos para ocupar el puesto. Entre los favoritos se encuentra Ricardo Manuel Rojas, un jurista muy estimado por el presidente. El académico es además autor de La inflación como delito, un libro que Milei valoró durante su campaña presidencial. En esta obra, Rojas sostiene que los únicos culpables de la inflación son los gobiernos y que los responsables deberían enfrentar juicios penales.