Resultado de la nefasta motosierra que aplica Javier Milei, los trágicos incendios que se registran en la Patagonia no hacen más que mostrar el cruel abandono de la administración libertaria, más allá de que en las últimas horas, en una acción coordinada, desde el Gobierno intentaron mostrar que están preocupados por la situación. Pero ya es demasiado tarde.
El traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) desde la Subsecretaría de Ambiente a la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, el freno al flujo de transferencias de fondos desde Casa Rosada a las provincias en nombre del ajuste del gasto público, y la falta de ejecución presupuestaria, redundan en una clara voluntad política de dejar a los pueblos del sur del país prácticamente abandonados a la buena de Dios en su lucha contra las implacables llamas.
De acuerdo a los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión pública ejecutada durante 2024 tuvo una disminución real del 75% interanual comparado con el año 2023, afectando de manera grave a las provincias. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) también dio cuenta del asfixiante ajuste mileísta hacia las provincias, al destacar que las transferencias desde el Poder Ejecutivo Nacional para financiar gasto de capital fueron reducidas en un 95,6%.
El SNMF tiene entre sus fuentes principales de financiamiento el 0,3% de la recaudación de las pólizas de seguro —exceptuando seguros de vida— y fondos provenientes del presupuesto nacional. A principios de 2024, el monto inicial que contemplaba el presupuesto para el SNMF era de $ 12.101 millones. La repercusión mediática de los incendios en Córdoba entre septiembre y octubre del año pasado elevó el presupuesto a $ 33.343 millones. Sin embargo, sólo se ejecutó el 22% (equivalente a $ 7739 millones), es decir, menos que el presupuesto original.
Este año, el presupuesto disponible para el SNMF de nuevo está por encima de los $ 33 mil millones, de los cuales se han ejecutado, hasta ahora, la cantidad de cero pesos (sin contar la partida destinada a la Administración de Parques Nacionales).
Mientras tanto, el terreno comprometido, que se calcula en unas 37 mil hectáreas, ya es más de cuatro veces la superficie de bosques andino-patagónicos afectada en el verano 2023/2024, cuando se perdieron 7.747 hectáreas.
Con el fuego desatado, el Gobierno intentó a mostrarse “en acción”, con una campaña conjunta que lanzaron este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que aseguran que la Rosada envió refuerzos a las zonas en emergencia, además de trasnferencias por 7 mil millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Chubut y Río Negro “para la reconstrucción de viviendas”.
Pero la ayuda llega tarde. No sólo hubo falta de prevención, sino un ajuste presupuestario en las herramientas que disponen Nación y las Provincias (con fondos de la Rosada) para enfrentar el desastre.
“Se deja la vida en los incendios, pero se ve que para el Gobierno eso no alcanza ni siquiera para brindar estabilidad laboral”, explicó Alejo Fardjoume, coordinador de ATE en Parques Nacionales. Se refiere a la decisión del actual director del organismo, Cristian Larsen, de renovar los contratos de sus trabajadores por sólo tres meses a partir de este año. El combo se completa con unos 30 brigadistas despedidos en enero, en la antesala del desastre, que se sumaron a otros cien decretados durante el año pasado, en su mayoría de cuadros técnicos y personal administrativo.
“Mientras algunos se suben al escenario a vender humo, nosotros lo apagamos”, dijo Bullrich en un posteo en el que detalló que el gobierno está “desplegando aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, vehículos y equipos técnicos para frenar los incendios” en Chubut y Río Negro.
También a través de las redes sociales, Francos afirmó por su parte que se desplegaron “9 aviones, 10 helicópteros, 4 autobombas forestales, 5 pick ups, 4 camiones dormitorios, 61 brigadistas del SNMF (Servicio Nacional del Manejo del Fuego), 15 brigadistas de la PFA (Policía Federal Argentina), 22 brigadistas de Córdoba, coordinadores regionales, pilotos y equipos de apoyo terrestre para los pilotos”.
También detalló que el gobierno de Javier Milei destinó “7.000 millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional a la provincia de Chubut” y “5.000 millones de pesos a Río Negro para la reconstrucción de viviendas”.
Sin embargo, la gravedad de la situación parece no preocupar demasiado al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien publicó un video en sus redes sociales jugando al paddle.
El funcionario libertario mostró parte de su intimidad, y adjuntó un “esperanzador” mensaje: “La mejor vacuna contra el estrés: hacer deporte. Y también para ver la vida con fe, esperanza y optimismo”.
Mientras tanto, los incendios ya se tragaron unas 37 mil hectáreas –casi dos ciudades de Buenos Aires enteras–, destruyeron las viviendas de por lo menos 200 familias y forzaron la evacuación total o parcial de otras 700.
En medio del avance del fuego en la Patagonia, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, responsabilizó a los mapuches por los incendios forestales. “Nosotros lo que decimos es que son golpistas del fuego”, declaró el funcionario, en comunicación con Eduardo Feinmann por radio Mitre, al adjudicar los incendios en Río Negro y Chubut a los mapuches.
Larsen aseguró que las acciones adjudicadas a los mapuches responden a la pérdida de “privilegios” debido a medidas implementadas por el gobierno nacional, como la recuperación de terrenos que estaban ocupados y la suspensión de subsidios. “Básicamente, son los que están en contra del progreso de la Argentina”, señaló al referirse a los mapuches como “grupos marginales” y “delincuentes”.
Por su parte, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano –históricamente vinculado a los negocios inmobiliarios en la zona– reconoció que “el caos el total”, pero no se privó de redoblar la apuesta: pidió, en ese contexto, la militarización lisa y llana de la ciudad: “La presencia del Ejército en el territorio haciendo control y seguridad interior es una decisión que debe tomar por estos días la ministra Patricia Bullrich”, dijo.
Fue horas después de una movilización frente a la Comisaría 12 de esa ciudad, en la que se reclamó la liberación de seis voluntarios (cinco mujeres y un varón) acusados falsamente de haber iniciado uno de los focos. Ante la falta de pruebas, los liberaron a las pocas horas, no sin antes haber generado un clima hostil en la Comarca: ese día apareció una patota parapolicial montada a caballo –similar a la guardia privada del inglés Joe Lewis– amedrentando a los vecinos.
Una situación similar se vivió en Bariloche, con otros seis detenidos este fin de semana, por acusaciones falsas. Los familiares de los detenidos denunciaron que las autoridades locales “desplegaron un operativo policial de gran magnitud” con allanamientos incluidos.