El Gobierno anunció este martes la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que estaba a cargo de diferentes programas, al considerar que “la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional”.
A través de su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger anunció la “inauguración” de la “Motosierra 2.0″ con el Decreto 70/2025. “Consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno. En este decreto, el Ministerio de Economía hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat”, introdujo el funcionario.
Agregó que “para resolver el problema habitacional de nuestro país, que lleva décadas y que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral”.
“Lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024″, sostuvo el ministro.
El Decreto 70/25 con firmas de @JMilei y @LuisCaputoAR inaugura una serie de medidas que dimos en llamar la “Motosierra 2.0” y que el Presidente anticipó hace unos días. La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar… pic.twitter.com/x4ZPqgnMgX
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 11, 2025
La medida se encuadra en la decisión de Javier Milei de vaciar el área, lo cual al cabo de su primer año de gestión llevó a la paralización de 103.367 obras y más de 1800 convenios. Esa parálisis, a su vez, repercutió en 170.000 empleos directos en la construcción y 400.000 indirectos, según precisaron los gremios que además denunciaron que hay 15.000 casas terminadas que no fueron entregadas.
Los programas y proyectos que manejaba la secretaría disuelta pasarán al área de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, que así aumenta su poder.
De esta manera, la estructura organizativa del Ministerio de Economía quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Según señalaron desde el Gobierno, la mayoría de las tareas de la ahora ex Secretaría de Vivienda se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que la propia gestión de Milei disolvió o que están en proceso de disolución, en medio del ajuste. “Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, completan. A partir de la disolución de la Secretaría, también ratifican la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras.
Lo cierto es que mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno ya había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado “fallas” en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras, según explicaron oficialmente en un comunicado.
Además, habían cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. “Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. Por último, y en la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)”, completan.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alertaron que el cierre de la Secretaría de Vivienda, que incluye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), no solo dejará sin empleo a 500 personas a partir del 1 de marzo próximo, sino que también echa por tierra programas de vivienda como el Procrear, Casa Propia y Fonavi, dejando a otros 500 trabajadores en la calle.