Con una metodología muy cuestionada, que ya no resulta acorde para medir correctamente la realidad social, el Indec informó que el índice de pobreza en el segundo semestre de 2024 fue del 38,1%, lo que implicó un retroceso de 14,8 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2024, cuando el índice fue de 52,9%, el nivel más alto desde 2003.
Como no podría ser de otra manera, el informe fue celebrado por el Gobierno de Javier Milei, tras los dramáticos números que se habían registrado en la primera mitad de 2024, signada por una elevadísima inflación y la puesta en marcha de un severo plan de ajuste. Y por supuesto, lo que están ocultando es que se trata solo una foto parcial de una situación social dramática, que afecta a amplios sectores de la población.
Sin embargo, no hay mucho para festejar detrás de estas mejoras estadísticas que no responden a un incremento del poder adquisitivo ni del empleo de calidad, sino a una limitación metodológica que impide capturar el verdadero impacto del aumento de las tarifas de los servicios públicos sobre la canasta básica, que define la línea de pobreza por ingresos.
Un dato no precisamente menor, y que explicaría la supuesta baja en los índices de pobreza: el cálculo oficial tiene limitaciones, entre ellas, que solo incluye los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unos 47 millones de personas.
Así, la Encuesta Permanente de Hogares en 31 aglomerados urbanos indicó que la pobreza alcanzó el 38,1 por ciento de las personas y el 28,6 por ciento de los hogares.
“La medición cubre únicamente a ciudades de 100.000 o más habitantes, no capta ciudades pequeñas o áreas rurales, donde la estructura de la pobreza podría ser distinta”, señaló el economista Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Además, el Indec mide la pobreza solo en base a los ingresos declarados por los hogares que conforman su muestra y si éstos alcanzan o no para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios, cuyo valor varía cada mes por la inflación.
Según el organismo, la pobreza bajó porque durante la segunda mitad de 2024 el ingreso familiar aumentó un 64,5% respecto al semestre anterior, por encima del alza del 26,7% en el valor de la canasta básica de alimentos y servicios.
Los últimos números de la Canasta Básica del Indec muestran que una familia promedio necesita $1.057.923 para no ser pobre (2,3% más que en el primer cuatrimestre), y al menos $468.108 para no ser indigente.
En tanto, muchos expertos cuestionan ciertos aspectos de la metodología de medición de la pobreza por ingresos, entre ellos la utilización de canastas de consumos desactualizadas respecto al peso que hoy tienen en los hogares los gastos de servicios de la vivienda y el transporte. Tampoco incluyen gastos de alquiler, cuando el 40% de la población no tiene un techo propio.
Según el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, el alza en las tarifas de servicios públicos en 2024 incrementó el peso de los gastos fijos por sobre los gastos variables de los hogares, de modo que las mejoras en el ingreso familiar real no implican necesariamente más y mejores consumos corrientes.
La pobreza se mide de dos formas: por ingresos, que indica la capacidad para adquirir bienes básicos; y la multidimensional, que toma en cuenta factores como educación, salud y vivienda, entre algunos otros.
La continua suba de los servicios públicos y la permanente escalada de los gastos en salud, medicamentos, alimentos y educación van a contramano de las ponderaciones del presidente Javier Milei, que asegura haber “sacado de la pobreza a 10 millones de argentinos” desde que asumió hace un año y cuatro meses.
El último informe multidimensional elaborado por el Ministerio de Capital Humano en enero pasado mostró que el 61 por ciento de la población llegó a tener severos problemas para alcanzar la canasta básica.
Eso sumado a los problemas de acceso a vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo, protección social y salud que atraviesa una incontable cantidad de argentinos.
Los últimos gobiernos en que objetivamente bajaron los índices de pobreza fueron los de Néstor y Cristina Kirchner. Durante el primero, la cantidad de familias pobres disminuyó del 62% en 2003 a 37% en 2007. En el segundo, la pobreza cayó del 37 al 28% y luego, durante el segundo mandato, subió al 30.